La patria del Watergate

La investigación de actividades del Gobierno o de entidades privadas sospechosas de constituir delito es una de las labores fundamentales del Congreso de Estados Unidos. Desde los efectos del tabaco en la población hasta las actividades sexuales de algunos de los diputados, pasando por el Watergate, cualquier asunto de interés nacional en el que esté en, duda el comportamiento de una autoridad pública o en el que esté en juego el derecho de los ciudadanos a ser protegidos por sus representantes políticos, puede merecer la atención del Congreso.El Parlamento se limita, por supuesto, a emitir conclusiones y opiniones. Sus decisiones, no obstante, son de tanto peso que, como ocurrió con Richard Nixon, pueden costarle el puesto a un presidente. En otras ocasiones, el Congreso puede haber encontrado suficientes pruebas como para recomendar al Departamento de Justicia la creación de un gran jurado para estudiar el caso.

Cualquier comité o subcomité, bien sea de la Cámara de Representantes o del Senado, tiene poder para abrir una investigación. Todos los comités están también capacitados para llamar a declarar a funcionarios públicos o a ciudadanos privados. Quienes no acudan pueden ser acusados de desacato al Congreso y corren el riesgo de ser procesados.

Los miembros del Gobierno o del Parlamento que acudan a declarar pueden acogerse a "privilegios ejecutivos" para no comunicar información que consideran materia reservada, pero esto casi nunca ocurre, porque el Congreso tiene recursos para levantarles la inmunidad y acusarlos de desacató.

Recientemente, un senador, Bob Packwood, fue obligado a presentar sus diarios personales, en los que se supone que escribió abusos sexuales sobre varias mujeres. Richard Nixon se acogió a privilegios ejecutivos para negarse a presentar las cintas del Watergate, pero eso no aminoró la presión de la investigación legislativa.

Generalmente, todos los comités de investigación son abiertos al público. Solamente aquéllos en los que se maneja información que podría afectar a la seguridad nacional son susceptibles de convertirse en sesiones privadas. Las investigaciones del Watergate o del, Irán-Contra fueron públicas, con excepciones de unas pocas sesiones especiales.

Los testimonios pueden realizarse previo juramento o sin él. Comunmente se hace con juramento, y la persona que falte a la verdad puede ser procesada por perjurio. A los servidores públicos no se les exige normalmente el juramento, porque se da por supuesto que un funcionario nunca miente cuando está en juego el interés de la nación.

El presidente de Estados Unidos nunca ha sido llamado a declarar ante un comité del Congreso. Contra los presidentes y contra otros funcionarios públicos, la Cámara de Representantes (no el Senado) tiene el recurso del impeachment (acusación de comportamiento incorrecto que le obliga a abandonar el cargo), que tiene que ser respaldado por el voto mayoritario del pleno de la Cámara.

Un comité del Congreso puede abrir una investigación incluso cuando ya haya un proceso judicial en marcha por el mismo asunto. Así sucedió con el Watergate y con el escándalo Irán-Contra, y así puede suceder también con el Whitewater.

Las conclusiones de un comité de investiga ción son resumidas des pués en informes que es tán al alcance del público. El llamado oversight power, el poder de supervisión o vigilancia, está consagrado para el legislativo por ley desde 1946. Uno de los mayores ejemplos de hasta dónde puede llegar una investigación es la que se condujo, pocos meses después del Watergate, sobre las actividades de la CIA, en la que se comprobó que esa agencia había ordenado el asesinato de varios líderes mundiales y estaba espiando a ciudadanos norteamericanos.