El fiscal descubre "aparentes ánomalías contables" en las cuentas de Tibigardens en la etapa de De la Rosa

La Fiscalía de Cataluña ha detectado "aparentes anomalías contables" en los balances de cuentas e informes de auditoría de Grand Península remitidos por la Generalitat a la propia Fiscalía. Las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía el pasado mes de abril persiguen averiguar si Javier de la Rosa hasta hace unos días presidente de Grand Penínsuladesvió hacia negocios particulares más de 1.000 millones de pesetas procedentes de los fondos avalados por la Generalitat con destino a la promotora del parque de atracciones Tibigardens de Tarragona.Las diligencias se abrieron a raíz de diversas informaciones periodísticas que apuntaban a un presunto desvío de 1.000 millones de pesetas con cargo al aval público por parte de De la Rosa quien, a través de Grand Tibidabo, era accionista mayoritario de Grand Península. Javier de la Rosa vendió recientemente la participación del 70% de Gran Tibidabo en Grand Península.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, dijo ayer que ha solicitado al Departamento de Economía de la Generalitat aclaraciones sobre algunos aspectos de esos informes y auditorías.

Tras el análisis de la documentación remitida a la Fiscalía, Villarejo indicó que "se han observado aparentes anomalías contables que se están intentando esclarecer" en los balances de los documentos, labor en la que también interviene la policía judicial. Jiménez Villarejo dijo que, por el momento, no considera necesario citar a declarar al consejero de Economía, Maciá Alavedra, pero no descartó que sí se cite a Javier de la Rosa, en función del resultado de la investigación.

El fiscal pidió al consejero de Economía que informe sobre "el desarrollo de la autorización que otorgó el Parlamento de Cataluña para avalar el endeudamiento de Grand Península", que ascendía a 10.000 millones de pesetas y que ha sido utilizado en su totalidad. Villarejo también solicitó información sobre si pudo haber algún tipo de desvío de fondos avalados por la Generalitat a fines que no eran los especialmente establecidos, así como las condiciones en que se otorgó el aval".

Maciá Alavedra afirmó ayer que las anomalías "se han detectado en los informes de gestión y auditorias de Grand Península, no en los avales públicos en sí mismos". "Estas anomalías que Villarejo observa a nuestro juicio no son tales, como quedará demostrado en la documentación que le enviaremos en los próximos días", añadió el consejero de Economía.