"Vamos a trabajar como si no pasara nada"

Ha vuelto al departamento en el que trabajó a las órdenes del ministro Fernando Ledesma cuando los socialistas tenían el definitivo argumento de los 10 millones de votos. Ahora ocupará el mismo despacho que su antiguo mentor, pero en las filas de un Gobierno acosado y en precario, en sus horas más bajas. Ha quemado sus naves y sabe que no podrá regresar al Consejo del Poder Judicial, en el que compartió más de tres años de trabajo con el hoy superministro Juan Alberto Belloch. "Lo mejor es ponerse a trabajar", sonríe, "como si no pasara nada".Pregunta. ¿No arriesga demasiado al aceptar formar parte de un Gobierno que puede durar tres meses?

Respuesta. Cuando aceptas un cargo político no hay que pensar en ningún tipo de riesgo, es para venir a trabajar como si quedara toda la legislatura y vamos a estar trabajando hasta que acabe la legislatura.

P. ¿Qué directrices le ha dado el superministro Belloch?

R. Me ha propuesto que me hiciese cargo del proyecto de Justicia, que conozco y comparto al cien por cien. Además de los proyectos que ya están en el Parlamento, como el del jurado, el proyecto prioritario ahora es la reforma del Código Penal.

P. ¿Y el aborto?

R. La filosofía del proyecto sigue siendo hacer una regulación de la interrupción del embarazo con decisión final de la mujer, con el mantenimiento de las indicaciones terapéutica y eugenésica y el establecimiento de un plazo junto al cual se establezcan unas garantías para la protección del nasciturus.

P. ¿Para cuándo? Porque podría suceder que después de 12 años de Gobierno socialista el aborto quedase sin regular...

R. Estoy absolutamente convencida de que el proyecto lo sacaremos adelante. Pero no quiero adquirir ningún compromiso de calendario antes de saber en qué situación está ahora el texto. La idea es llevarlo al mismo tiempo o a continuación del Código Penal, pero sin detenernos mucho más porque las bases políticas están claras.

P. ¿Qué pueden esperar de usted los objetores de conciencia o los insumisos?

R. El plan de objeción recientemente aprobado ya establece medidas para la mejor gestión de la prestación social sustitutoria del servicio militar. Aunque la insumisión seguirá siendo un delito, la idea es no utilizar para sancionarla la pena privativa de libertad, porque la rehabilitación no se cumpliría en este caso. Habría que ir a un tipo de penas de privación de derechos.

P. ¿Cómo va a impulsar Justicia la lucha contra la corrupción?

R. Desde este departamento no se va a hacer ningún ahorro ni de gestos, ni de hechos, ni de nada. Ya hay un: paquete de medidas aprobadas, como la creación de la fiscalía anticorrupción y de una unidad en el Servicio Jurídico del Estado, con la posibilidad de personarse y ejercitar acciones en los casos que produzcan especial escándalo y alarma social.

P. ¿Qué papel tendrá esa nueva unidad del Servicio Jurídico del Estado?

R. Tendrá una concepción mucho más dinámica. Hay magníficos profesionales en este cuerpo, abogados del Estado que lo están haciendo muy bien, pero en la burocracia existe siempre la tendencia a estar sentado en un despacho. Siempre he dicho que los que gestionamos el presupuesto no nos debemos mover sin nuestro abogado al lado, como hace cualquier particular. Voy a hacer que en todos los centros directivos que de mí dependan no se adopte ninguna decisión si no está el abogado del Estado delante.

P. ¿Prevé usted posibles tensiones entre Justicia e Interior?

R. Estoy segura de que no, sin perjuicio de que pueda haber, como siempre, críticas o desacuerdos antes de llegar a una solución. En todos los equipos siempre se critica, pero de forma constructiva. Estoy absolutamente convencida de no va a haber discrepancias.

P. ¿Es partidaria de que los fiscales asuman la instrucción del proceso?

R. Creo que el fiscal debe tener una mayor partipación en la investigación, pero las medidas cautelares deben seguir en manos del juez.

P. ¿Cree que deben dictarse órdenes de detención al estilo del caso Rubio?

R. Los fiscales han utilizado los instrumentos que les permite su estatuto. Es verdad que la detención no se ha practicado en muchas ocasiones. Pero si el fiscal no actúa, se le critica, y si actúa, se le critica también. El fiscal ha actuado con arreglo a la legalidad vigente.

P. Sí, pero también hay criterios de oportunidad...

R. Lo que sí puedo aseurar es que los fiscales han actuado con absoluta autonomía y ahora hay un juez que tiene todas las facultades para resolver.

P. El indulto de José Amedo y Michel Domínguez es cuestión de este departamento...

R. Por lo que he leído, creo que está en tramitación.

P. ¿Cómo es posible que lleve más de dos años en tramitación, pendiente de decisión del fiscal general?

R. Sus motivos tendrá para estudiarlo tan detenidamente.

P. ¿Qué opina de los jueces estrella?

R. No sé si hay o no jueces estrella. Lo que creo es que los jueces no deben buscar la fama, sino el prestigio.

P. ¿Qué le ha parecido la dimisión de Baltasar Garzón?

R. Creo que es una opción personal respetable, y que sus razones habrá tenido.

P. En su etapa con Ledesma, ¿qué errores se cometieron que puedan apreciarse ahora?

R. Las reformas de entonces se hicieron en un momento en que la Constitución estaba recientemente aprobada. Quizá se tenía una visión excesivamente teórica de cómo había que hacer las reformas de la Justicia. Creo que las reformas eran adecuadas al momento en que se hicieron, pero la expe riencia demuestra que las cosas no son exactamente iguales.

P. En un grave enfrentamiento entre el Ejecutivo y los jueces por el reconocimientos en rueda de guardias civiles, dentro del caso Linaza, usted estaba detrás del ministro Ledesma y el hoy ministro Belloch estaba detrás de la juez Elisabeth Huerta. ¿Cómo contempla ahora el episodio?

R. Yo creo que la situación era distinta en aquellos momentos, que ahora tenemos una mayor madurez y estamos absolutamente convencidos -y yo siempre lo he estado-, de que cada uno tiene que, ocupar su espacio. Desde aquí se va a potenciar el respeto más absoluto a la labor de los jueces y a la labor del Consejo General del Poder Judicial.