Sancionados los auditores de la empresa pública que revisó el catastro en 1988

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha sancionado a la firma Cortés y Cía, de Barcelona, por una infracción de carácter grave en los trabajos de auditoría realizados sobre Catrisa, la empresa pública que revisó el catastro entre los años 1988 y 1990.Catrisa, a la que el Centro de Gestión Catastral adjudicó, contratos por un importe global superior a 4.000 millones de pesetas, ha sido liquidada con unas pérdidas de más de 2.000 millones para sus accionistas, la Diputación de Barcelona y el Banco de Crédito Local (BCL).

La sanción del ICAC contra los auditores de Catrisa se suma a las críticas expuestas por el Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad del Centro de Gestión Catastral en 1990. Sobre Catrisa penden, además, las denuncias efectuadas por varios empresarios acerca del presunto cobro de comisiones por algunos de sus directivos a la hora de subcontratar los trabajos, como informó este periódico los días 30 y 31 de marzo.

El grupo Izquierda Unida ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro José Borrell, que en la época en la que Catrisa llevó a cabo trabajos de revisión del catastro era el máximo responsable del Centro de Gestión Catastral en virtud de su cargo de secretario de Estado de Hacienda.

La sanción del ICAC, el organismo que preside Ricardo Bolufer, a los auditores de Catrisa se eleva a cuatro millones de pesetas por una infracción de carácter grave. El informe técnico de control realizado por el ICAC sobre la firma auditora alude a diversas deficiencias detectadas en los trabajos de revisión de contabilidad de la Catrisa.

En concreto, el informe asegura que los auditores no tuvieron en cuenta el grado de avance de los proyectos de la sociedad; no conciliaron los saldos de la compañía en diferentes bancos; no comprobaron el dinero existente en caja y contabilizaron inadecuadamente una partida de beneficios diferidos de 166 millones de pesetas.

La firma Cortés y Cía ha recurrido la decisión del ICAC, según explica Juan Pérez, uno de los responsables de la firma, por considerar que la sanción se basa en la normativa de auditorías aprobada a finales del año 1990, que no es aplicable a los trabajos efectuados con anterioridad a esa fecha. Pérez añade que las auditorías realizadas desde 1988 sobre las cuentas de Catrisa fueron "absolutamente correctas".