La Guardia Civil investiga la venta irregular de títulos de transportista profesional

El sumario abierto por el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, para aclarar la presunta duplicación de 19.000 autorizaciones de transporte en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes recoge también la posible venta fraudulenta de títulos de capacitación profesional de transportista en la Comunidad de Madrid a 250.000 pesetas por título. Un documento interno de dicha comunidad, incorporado al sumario como anexo, explica la investigación sobre este hecho seguida en los últimos meses por la Guardia Civil.

La Comunidad de Madrid, que denunció en enero las supuestas irregularidades en la expedición de 19.000 tarjetas de transporte, está intentando vender su propio sistema informático de control de autorizaciones a las demás comunidades autónomas. Fuentes del Gobierno regional afirman que siete comunidades ya están interesadas en adquirir el sistema. La práctica coincidencia entre el escándalo de las duplicaciones y los intentos de venta del sistema informático madrileño ha despertado recelos en el Ministerio de Transportes pese a que, según la comunidad autónoma, la venta de su sistema no persigue la ganancia, sino la mejora en la gestión.El documento interno de la Consejería de Transportes madrileña da cuenta de tres líneas de investigación de la Guardia Civil en los últimos meses: la falsificación de autorizaciones por una banda que actuaba en Castilla-La Mancha (la red fue desarticulada en septiembre); la tramitación irregular de autorizaciones de transporte en Madrid en connivencia con una gestoría, y la venta de títulos de capacitación profesional de transportista en Madrid a 250.000 pesetas. Según el informe, sobre esta compraventa de títulos "ya habían llegado rumores en otras ocasiones, que no se concretaron nunca por falta de pruebas".

Las denuncias sobre las duplicaciones de licencias, la escasa fiabilidad de los sistemas de control del ministerio y los intentos de venta de su sistema informático por la Comunidad de Madrid han tensado al límite las relaciones entre los responsables madrileños del transporte y el departamento que dirige José Borrell. El ministro de Obras Públicas explicó el martes en el Senado, a preguntas del PP, que la investigación interna de su departamento cifra sólo en 350 las tarjetas de transportes sobre las que aún se sospecha que pueden ser fraudulentas.

El sistema informático que, según el Director de Transportes madrileño, Lorenzo Hernández, permitió descubrir las irregularidades en la tramitación de autorizaciones, ha sido desarrollado por la empresa pública Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) en colaboración con dos consultoras externas, Casdir -hasta 1992- y M&M Consultores. El sistema fue implantado en Madrid en 1992. Las suspicacias en el ministerio han surgido al comprobar que uno de los asesores externos que han desarrollado la aplicación informática, Juan Matamoros, contratado tanto por Casdir como por M&M Consultores, es hermano de un ex responsable de ICM y actual alto cargo regional.

Hernández reconoce que Matamoros, con quien este periódico ha intentado hablar en varias ocasiones sin conseguirlo, ha sido un hombre clave tanto para implantar el nuevo sistema informático como para descubrir las irregularidades en la expedición de tarjetas. Hernández descarta cualquier posible irregularidad en la contratación de Matamoros, de quien destaca su su cualificación y la escasa remuneración que recibe, alrededor de cinco millones anuales.

La versión de Hernández contrasta con las quejas de algunos funcionarios de la comunidad contra Matamoros, quejas que llegaron hasta el viceconsejero regional de Transportes, Emilio Miralles. Según consta en las cartas y notas internas de queja, Matamoros, pese a ser un asesor externo, protagonizó "continuas intervenciones en las asignaciones de tareas" a los funcionarios, contribuyendo, junto con Lorenzo Hernández, a deteriorar el clima laboral en el departamento. Hernández atribuye las quejas al montaje de un grupo de funcionarios interesados en no aclarar las irregularidades.

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