Análisis de una crisis

En tiempos de confusión son deseables las visiones de conjunto, las síntesis que explican causas y ofrecen remedios. Si el lector busca algo de eso en el presente artículo, no siga leyendo. Me conformo con una aproximación analítica aun a costa de un censurable fraccionamiento de la realidad, porque cuando ésta cambia de un día para otro se tiene la sensación de que no están echadas todas las cartas sobre la mesa. El mundo es la totalidad de los hechos, se compone de y se divide en hechos, pero no conocemos todos los hechos. Por lo que sabemos, intuimos y tememos quizá valgan de algo estas 10 proposiciones, algunas de ellas formuladas con el dubitativo signo de la interrogación.1. Si un mal es general, generales son sus causas. Quizá las más profundas de los muy graves males que ahora se descubren hayan sido estas dos: el olvido, rayano en desprecio, de la austeridad y la infravaloración de la función preventiva del derecho. En momentos de euforia económica se volvió a poner de moda el grito de Guizot en la Francia de 1830 -"enriqueceos"-, algunos creyeron que valía no sólo para la sociedad civil, sino también para la esfera de los poderes públicos y nadie predicó el elogio de la austeridad, del sentido del deber como virtud cívica y de la necesaria acomodación de la vida privada a las exigencias del cargo público, nunca a la inversa. Al mismo tiempo se perdió sensibilidad respecto a la importancia preventiva de los controles jurídicos, y se enfatizó el valor de la eficacia rápida e inmediata, al margen o en contra de unos despectivamente denominados "fórmalismos legales". En un libro de la profesora argentina Hebe Leonardi leo hoy esta breve sentencia: "La falta de escrúpulos es hija del desdén por lo jurídico", desdén hay que añadir que, en un Estado de derecho, trae siempre graves consecuencias.

2. Es hipócrita la dicotomía entre sociedad civil sana y poder político corrupto, en primer lugar porque la corrupción se instala en la coincidencia de los mas viles y encanallados elementos de una y otro, y en segundo porque ni aquélla es del todo inocente ni todo el poder público está en manos de corruptos. Hay llamas purificadoras que pueden provocar incendios que todo lo queman: cuidado con tales pirómanos.

3. Entre un ciudadano corruptor y un político corrompido es mucho más grave la responsabilidad del segundo. Por él se debe romper el círculo infernal, porque en él deposita su confianza, en un régimen democrático, el ciudadano medio. El hombre público ha de ser ejemplar, y quien no lo es deja en evidencia a quien lo nombró para el cargo de que se trate.

4. El político es responsable por omisiones o negligencias cometidas in eligendo o in vigilando. En democracia no es sólo penalmente culpable el autor, sino que también es políticamente responsable quien confió en él, quien pudiendo y debiendo vigilarlo no lo vigiló y quien debiendo retenerlo permitió conscientemente o hizo posible inconscientemente su encubrimiento o su huida. De ahí la necesidad de depuración de responsabilidades por dimisión o por destitución.

5. Es penosa y es injusta, porque es falsa, la acusación universal. Cuesta decir las cosas contracorriente, pero hay que afirmar que la inmensa mayoría de los políticos son honestos, que el encanallamiento de los corruptos no puede trasladarse a nadie más que a ellos, que son muchos los políticos que han actuado y siguen actuando por generosidad y no por ánimo de lucro, y que los partidos políticos, indispensables en un Estado de nuestro tiempo, no son semillero de delincuentes, aunque deben constituir el primer filtro para rechazar a quienes se acerquen al poder con espíritu venal. Quienes ni tenemos cargos ni militamos en partidos, pero tenemos alguna experiencia, estamos obligados a decir esta verdad, aplicable, expresa y no exclusivamente, al Gobierno y a su partido.

6. Se ha levantado la veda del corrupto, pero también la caza tiene sus leyes. No todo vale. La eficacia y aun la severidad deben ser compatibles con el respeto y no lo son con el afán de humillar y vilipendiar a nadie. No quisiera volver a contemplar a ningún hombre como objeto pasivo de lo que la Constitución denomina, para prohibirlos, "tratos inhumanos o degradantes". El silencio de ayer no se compensa con las vejaciones de hoy. También los delincuentes tienen derechos fundamentales. Algunos incluso se han inventado para ellos.

7. Soplan vientos de dejación. Estamos en el país de la Inquisición, cuya larga y tétrica historia enterró entre nosotros la semilla de la delación social cobarde y venal, vengativa y anónima, pronta a rebrotar en cualquier tardía primavera con el viento a favor. Cuidado, porque el cómplice convertido en acusador apenas oculto puede dirigir sus dardos. contra pecadores y contra justos. Un ejemplo el hecho de que un gobernador del Banco de España hiciera lo que hiciese ¿autoriza a poner en marcha un dantesco teatro de falsas similitudes?

8. ¿Es cierta la afirmación de que si una situación puede empeorar, empeorará? Creo que sí, si se la deja abandonada a su inercia. Para frenar y después remontar, quizá, la caída, no sólo en beneficio de un Gobierno y de un partido, sino del país y de su sistema político, hay que esforzarse por merecer y recobrar la confianza.

9. Si de confianza se trata ¿por qué no plantear en el Parlamento la moción así llamada? En tiempos de crisis son necesarias palabras, gestos y hechos. Ha habido comparecencias y dimisiones, es decir, palabras y gestos. Los hechos deben ser de naturaleza política, han de llevarse a cabo en el Parlamento, escenario natural de la representación democrática, y es lógico que tengan como protagonista al presidente del Gobierno. Algunos espectadores y no pocos actores le piden, que disuelva las Cortes, otros que dimita, algunos que remodele el Gobierno. La Constitución impone un plazo de un año para poder disolver las Cortes después de la anterior disolución. No es un plazo procesal, sino una garantía de estabilidad. En nombre de ésta, habida cuenta de que hay convocadas elecciones europeas y autonómicas en Andalucía y, sobre todo, dado que la Constitución contiene otras posibilidades, es razonable y prudente no acudir a la disolución al día siguiente del cumplimiento del plazo del artículo 115.3.

Que dimita el actual presidente del Gobierno no es aconsejable porque ni es fácil encontrar en su partido otro candidato que ganara la necesaria moción de investidura, ni parece que otro grupo parlamentario esté dispuesto a ofrecer un candidato que contara con su propio apoyo y con el del PSOE, ni tal hipótesis sería fácilmente admisible un año después del resultado del 6 de junio, ni, finalmente, se puede atribuir al actual presidente la función de designar a su sucesor, pues, en el sistema de nuestra Monarquía parlamentaria, sería el Rey quien nombrara el candidato con obligación para éste de someterse a una investidura de resultados hoy por hoy inciertos. Es de suponer que estos cálculos elementales, que no son hijos ni de la astucia ni del cinismo, sino del análisis de la realidad en la que también cuentan los otros, hayan llevado a Felipe González a desechar, yo creo que con acierto, la hipótesis de una dimisión que le piden precisamente quienes serían beneficiarios de la misma.

Ni disolver ni dimitir: ¿acaso remodelar más allá de lo exigido por las dimisiones de dos ministros? Quizá hubiera sido buena fórmula remodelar a fondo para dar entrada a ministros de CiU y del PNV y, después, presentar la moción de confianza, pero lo que no se

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