"Creímos que todo había quedado aclarado"

El ex ministro de Economía Miguel Boyer, que ocupó la cartera desde diciembre de 1982 a julio de 1985, en el primer Gobierno de González, dirigió ayer al director de EL PAÍS la siguiente carta:"Señor director:

Durante dos años he deseado que el juzgado número 21 terminase las diligencias abiertas por el caso Ibercorp en el invierno de 1992, con el total convencimiento de que -por lo menos en el caso de mi mujer y mío que yo conocía completamente- el resultado de esas diligencias sería el sobreseimiento. Esa confianza no sólo estaba fundada en mi conocimiento de los hechos que nos afectaban, sino en que, en septiembre de 1992, el propio letrado Rodríguez Menéndez, que ejercía la acusación en nombre de un grupo de accionistas de Sistemas Financieros, declaró a nuestro abogado y a la prensa que iba a retirar la querella contra nosotros porque le parecía, después de nuestras declaraciones en el juzgado, que carecíamos de responsabilidad.

Ahora, en medio de un clima de crispación y de sospechas generalizadas, se cierran las diligencias judiciales y, contra lo que yo esperaba, se abre procedimiento contra nosotros, además de contra otras personas. Ello me obliga -y, además, puedo hacerlo- a explicar de nuevo los hechos y su justa proporción, como hice reiteradamente en 1992, por todos los medios a mi alcance.

A principios de 1990, pedí al señor De la Concha que vendiera mis acciones de Sistemas Financieros, propiedad de mi mujer y mías, y me dijo que no sería posible hasta junio porque, al provenir estas acciones de una conversión reciente de Obligaciones, no estaban todavía admitidas a cotización en Bolsa. En junio de 1990, me llamó para decirme que ya se podían vender las acciones y atender mi anterior orden en tal sentido. Así lo hizo y yo no supe nunca que estas acciones las adquiría la propia sociedad para su autocartera -práctica que dentro de ciertos límites es legal-, en vez de venderse en el mercado abierto, y no percibí ninguna diferencia que pudiera extrañarme entre el precio de venta y el que venía rigiendo en el mercado de acciones antiguas a lo largo del año. Gané cinco millones de pesetas antes de impuestos y 2,5 millones netos -y lo mismo mi mujer-, tras cumplir correctamente, el año siguiente, las obligaciones del impuesto sobre la renta de las personas fisicas. Repito estos detalles para situar en su justa proporción cuantitativa nuestro lucro -2,5 millones de pesetas mi mujer y lo mismo yo-, así como para recalcar que cumplimos escrupulosamente nuestra única obligación -declarar los beneficios a la Hacienda- y ello sin ningún resquemor, puesto que considerábamos completamente normal y regular la operación, sin albergar dudas al respecto.

La primera noticia de las irregularidades la conocimos por un diario en febrero de 1992, con total sorpresa, al enterarnos de que además el despacho de De la Concha había truncado nuestros segundos apellidos y los de otras personas al comunicar las operaciones a la Comisión del Mercado de Valores, pienso que creyendo evitarnos las consecuencias posibles de unas irregularidades que desconocíamos (compra de las acciones para la autocartera de la sociedad, que se volvió desastrosa con la caída de la Bolsa en agosto de 1990, tras la crisis del golfo Pérsico, que hizo imposible recolocar esa autocartera en el mercado). El señor De la Concha asumió la responsabilidad de estas irregularidades, verbalmente y por escrito, ante nosotros y en el juzgado, con un gesto que le honra en estas difíciles circunstancias y por ello, mi mujer y yo, creímos que todo había quedado aclarado, tanto más cuanto que no volvieron a practicarse más diligencias contra nosotros, después de nuestra única comparecencia y hasta ahora, ni aparición de hecho nuevo alguno relativo a nosotros en estos dos años.

Habré cometido errores y torpezas en mi vida. Nunca me he sentido menos responsable y más inocente de algo -y lo mismo le ocurre a mi mujer- que de estos hechos por los que ahora aparecemos inculpados. Y ésta es la verdad".-