Dos empresarios acusan a Iruin en el Supremo de mediar en el chantaje etarra
Dos empresarios guipuzcoanos, víctimas de intentos de extorsión de ETA, reiteraron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que Iñigo Iruin, parlamentario vasco de Herri Batasuna (HB), fue quien les puso en contacto con los cobradores del impuesto revolucionario. Francisco Irazusta y Jacinto Irigoyen recibieron en mayo de 1991 sendas cartas en las que la banda terrorista exigía el pago de 25 millones de pesetas. Los dos testigos coincidieron en que Iruin no les representó ante ETA ni realizó gestiones jurídicas.
La desarticulación de la red en una operación policial en las primeras semanas de 1992 evitó que los empresarios llegaran a pagar la extorsión. Según el letrado Pedro Cerracín, que ejerce la acusación particular contra Iruin en representación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la actuación del parlamentario constituye "la mano político-legal de ETA.
