La Comisión Europea quiere perseguir penalmente a sus miembros corruptos
La Comisión Europea se va a sumar a la cruzada contra la corrupción que se desarrolla n varios países del Viejo Continente. El órgano gestor de la Unión Europea tiene la intención de reforzar en breve los mecanismos de lucha contra la corrupción entre sus funcionarios y pretende incluso sancionar a los culpables, no sólo administrativa, sino penalmente, según fuentes comunitarias.Hasta ahora, ninguna institución internacional o supranacional dispone de un mecanismo jurídico que le permita perseguir ante los tribunales a sus miembros que hayan incumplido las obligaciones que figuran en sus respectivos estatutos de funcionarios.
Con tal propósito, funcionarios adscritos a la Inspección General de Servicios de la Comisión, que dirige el español Eduardo Peña Abizanda, han recorrido las capitales de los Doce para estudiar la legislación anticorrupción vigente en cada Estado miembro.
El órgano ejecutivo cuenta ya con un arsenal administrativo, que va desde la mera amonestación hasta la expulsión del cuerpo, pasando por la suspensión temporal de empleo y sueldo, para castigar a los funcionarios que hayan delinquido. Por muy graves que sean las ilegalidades cometidas en el ejercicio de su profesión, el funcionario no puede ser denunciado ante ninguna policía que le investigue ni ante ningún tribunal. "Aunque aún estamos en los balbuceos", comenta Peña, "vislumbramos dos vías para perseguir a los corruptos: denunciarle ante la justicia del país de residencia -Bélgica en la mayoría de los casos- o ante la de su país de origen".La primera opción ofrece la ventaja de que la policía judicial belga es la que mejor puede registrar domicilios, intervenir teléfonos e inspeccionar cuentas bancarias de los sospechosos. Si saliese adelante la relación entre el reino de Bélgica y las instituciones europeas debería ser modificada para que los funcionarios perdiesen parte de los privilegios e inmunidades de los que gozan.
La propuesta que elabora la Inspección General de Servicios será estudiada primero por la Comisión y, a continuación, sometida al Consejo de Ministros de la UE. Su adopción tardará aún varios meses.
El grueso de la corrupción que afecta a la Comisión no tiene su origen en Bruselas, sino en los Estados miembros en los que se producen casos de fraude en la tramitación y obtención de fondos comunitarios.
