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Los jueces investigan casos de corrupción en la coalición conservadora francesa

Enric González

La gran coalición conservadora que gobierna Francia empieza a tener problemas con la justicia. El olor a corrupción que hundió al partido socialista se extiende entre las filas de la derecha. Dos ministros, el de Industria y el de Comunicaciones, y varios barones provinciales son objeto de investigación, bajo sospecha de haber utilizado el viejo esquema de los socialistas: favorecer a grandes empresas a cambio de dinero para el partido.

El último caso que ha aflorado es el de Gérard Longuet, ministro de Industria, Comercio Exterior, Correos y Telecomunicaciones, y dirigente del Partido Republicano, integrado en la Unión por la Democracia Francesa del ex presidente Valéry Gicard d'Estaing.

El juez Renaud Van Rumbeyque, de Rennes, ha observado circunstancias llamativas en la, contabilidad del partido. Por ejemplo, que la Société Française de Radio Téléphone obtuvo del ministro Longuet la concesión para explotar una red de telefonía y que, inmediatamente después, invirtió 20 millones de francos (casi 500 millones de pesetas) en la firma publicitaria Groupement des Régies Réunies (GRR), propiedad de los dirigentes del Partido Republicano.

El propio patrimonio personal de Longuet se ha expandido de forma fulgurante en los últimos años: consta en estos momentos de un apartamento parisiense en la avenida de Víctor Hugo (una de las selectísimas arterias que desembocan en el Arco del Triunfo), una finca en Saint-Tropez y varios inmuebles a nombre de sociedades interpuestas.

El juez Van Rumbeyque sospecha que las continuas obras que, según se desprende de la declaración de la renta de Longuet, se efectúan en su finca de Saint-Tropez han servido en realidad para canalizar dinero negro del PR. Longuet dice estar indigna-, do por la investigación judicial y afirma que es víctima de "una escandalosa campaña de difamación".

Alcalde en apuros

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Otro conservador en apuros es Alain Carignon, ministro de la Comunicación y alcalde de Grenoble. El juez Philippe Courroye, de Lyón, está interesado en averiguar por qué motivo la poderosa corporación Lyonnaise des Eaux-Dumez enjugó, a través de filiales, el déficit de dos publicaciones lanzadas antes de las municipales de 1989 para apoyar la candidatura de Carignon. El caso es que Carignon ganó la alcaldía, que privatizó el servicio de aguas de Grenoble a los tres meses de ocupar el cargo" y que fue precisamente Lyonnaise des Eaux-Dumez la que se hizo cargo del negocio.El mismo juez Courroye acosa desde hace meses al alcalde de Lyón, Michel Noir, que era una de las grandes esperanzas. del gaullismo francés y se encuentra ahora envuelto en un formidable enredo de dinero negro, financiación ilegal y favores políticos.

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