El PP intentará pactar las vacantes institucionales antes de las elecciones

El PP está dispuesto a cerrar en el próximo mes de mayo los nombramientos institucionales pendientes desde antes de las elecciones generales del pasado junio, siempre que el PSOE adopte "posiciones razonables". Tras haber puesto al Gobierno contra las cuerdas a propósito de los casos de corrupción, los populares se inclinan por dar una nueva "prueba de responsabilidad " antes del 12 de junio y han aceptado ya la presencia en el Consejo de Admmistración de RTVE de un representante del PNV, que hasta ahora rechazaban.

A cambio, esperan que el PSOE, mueva ficha" y acepte la designación, de común acuerdo con el mayor partido de la oposición, de uno de los cinco consejeros que le corresponderían, para equilibrar las decisiones de un órgano que se ha convertido en el verdadero caballo de batalla de cualquier pacto entre ambos.El PP va a combinar el palo y la zanahoria en los próximos meses, intentando alternar la presión y el desgaste del Ejecutivo con los pactos concretos, si existen condiciones que consideren aceptables. Aznar ha conseguido cortar de plano desde primeros de marzo cualquier negociación pública entre los grupos socialista y popular, como la dirección del PP había previsto desde el inicio de las conversaciones.

Sin embargo, cada vez más voces en el partido admiten que la situación de enfrentamiento en tomo a las vacantes institucionales no puede eternizarse y que conviene encontrar una salida, si es polible antes de las elecciones europeas y andaluzas del próximo junio.

Fuentes del Grupo Popular interpretan que tras el debate del estado de la nación y la victoria de su líder, reflejada en las encuestas, no habrá equívoco posible sobre actitudes de "compinchamiento" entre el principal partido de la oposición y el Ejecutivo ni riesgo de que pactos concretos se interpreten como signo de debilidad.

Un pacto institucional que se da por seguro desde las filas del PP es el que debe dar paso a la renovación de la Junta Electoral Central. Cinco de sus miembros deben ser catedráticos en activo de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología, nombrados "a propuesta conjunta" de todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados.

Los ocho restantes son magistrados del Tribunal Supremo y ya han sido designados por sus compañeros. El acuerdo para hacer la propuesta conjunta de los otros cinco carece de contenido político relevante y se considera obligado en el partido de Aznar.

El Grupo Popular, por el contrario, está decidido a cerrar el paso mañana en el Congreso a Manuel Jiménez de Parga hacia la titularidad del Defensor del Pueblo. O votarán en contra o, con mayor probabilidad, a favor de su propio candidato, José Antonio Martín Pallín. Al no haber obtenido Martín Pallín mayoría suficiente en el trámite previo, las papeletas emitidas a su favor se convertirán en votos nulos.

Si Jiménez de Parga no obtiene la mayoría requerida de tres quintos, para lo que necesitaría algún apoyo del Grupo Popular, su candidatura decaerá y deberá volverse al principio: la propuesta de nombres por parte de los grupos parlamentarios y la votación de los candidatos, antes de que transcurra un mes, en la comisión mixta específica Congreso-Senado.

Sólo pasarán al pleno los que obtengan mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Los diputados del PP están divididos sobre cuál debe ser su actitud en ese momento. Mientras unos creen que habrán quedado quemados los dos candidatos, los más próximos al aparato piensan que deben volver a presentar a Martín Pallín, puesto que no ha podido ser votado por el pleno en la primera ocasión, y conseguir el apoyo de otros grupos.

La negociación sobre RTVE sigue siendo el principal escollo para un pacto global que permita renovar el Defensor del Pueblo, las vacantes en el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Seguridad Nuclear y otros. La solución depende ahora, según el PP, de que los socialistas acepten que uno de los 12 miembros del consejo, aunque adscrito a la cuota del partido socialista, debe ser designado de común acuerdo entre los dos partidos mayores. Según esta fórmula, el PSOE tendría cinco consejeros, el PP cuatro, e IU, CiU y el PNV uno cada uno.