Condenado un empresario por traspasar sus bienes para no pagar los salarios atrasados

Un empresario vizcaíno ha sido condenado en primera instancia a cuatro años y dos meses de cárcel por poner a nombre de su esposa las propiedades que podían ser embargadas por sus empleados para hacer frente a indemnizaciones y salarios impagados. El juzgado de lo penal número 1 de Bilbao ha anulado, asimismo, el traspaso de bienes y ha condenado a la esposa del empresario a cuatro meses de arrestoLa sentencia considera que Valentín Sagarduy, único propietario de la empresa Carrocerías Soloarte, y su esposa han cometido un delito de alzamiento de bienes (alterar el régimen matrimonial con el propósito de ocultar bienes y colocarse en situación de insolvencia) y critica su "insolidaridad social y desmedido ánimo de lucro". Los procesados han recurrido el fallo.

Tras dos años de irregularidades en el pago de sus salarios, los tres trabajadores de Carrocerías Soloarte, un taller ubicado en Basauri (Vizcaya), impulsaron en 1986 la ejecución de las sentencias que establecían el pago de casi seis millones de pesetas en concepto de indemnizaciones y salarios atrasados. El cobro no fue posible porque el patrimonio del propietario había sido adjudicado a su esposa. Su insolvencia obligó a que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) abonara parte de las cantidades adeudadas. Los trabajadores presentaron entonces una querella contra el empresario.

En la sentencia, el juez Angel Gil Hernández subraya que el comportamiento de los procesados obligó a FOGASA a abonar parte de las cantidades reclamadas. La deuda, añade, tuvo que ser satisfecha por toda la sociedad, "que financia así el desmedido ánimo de lucro de los acusados".

La sentencia considera probado que el traspaso de propiedades del empresario y su posterior declaración de insolvencia "se realizaron con el ánimo de evitar que sus acreedores pudieran cobrar", con la colaboración de su esposa. El procesado, según el juez, pactó un régimen de separación de bienes y liquidó la sociedad de gananciales que mantenía hasta entonces el matrimonio.

La sentencia establece que el patrimonio del empresario debe volver a sus manos para poder responder a las deudas contraídas, y anula las capitulaciones matrimoniales y el posterior reparto de bienes entre los cónyuges.