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Condenas de cárcel para seis acusados por el incendio de Alcalá 20

El tribunal ha elevado el periodo de cárcel que pedía la fiscal para los seis responsables de la "imprudencia temeraria" que llevó a la tumba, hace 10 años, a 81 clientes de la discoteca Alcalá 20. Si el Supremo no dice otra cosa, todos irán a la cárcel. El ex concejal socialista de Madrid Emilio García Horcajo es el único de los siete procesados que ha quedado absuelto. Los demás -los cuatro copropietarios de Alcalá 20, el autor de la "deficiente" instalación eléctrica y el inspector que "no vio" las numerosas irregularidades del local- han sido condenados a dos años de cárcel cada uno.Al electricista Miguel Gabaldón, de 75 años, los jueces le han impuesto, además, otros seis meses de cárcel por "faltar a la verdad"; es decir, por certificar oficialmente -para otorgar un permiso de apertura de temporada- que la instalación eléctrica reunía unas condiciones óptimas. Nada más lejos de la verdad, según explica el tribunal que durante seis meses ha juzgado uno de los mayores desastres ocurridos en un local público español.

La sentencia íntegra se dio a conocer ayer en la Audiencia de Madrid. Familiares de las víctimas expresaron su satisfacción por la decisión del tribunal de desoír a la fiscalía e incrementar las penas. La fiscal Josefa Checa había pedido condenas de seis meses para los acusados, lo que virtualmente les libraba de ir a la cárcel. Además de los dos años de cárcel, que a prior¡ implican el ingreso en prisión de los procesados, el tribunal ha decidido decretar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado (que deberá pagar los cerca de 2.000 millones de indemnización porque los condenados no disponen de esa cantidad). Ello significa que el Estado -y en concreto el Ministerio del Interior- deberá pagar a los familiares de las víctimas a razón de 20 millones por cada fallecido, más otros cinco por cada uno de los hijos menores de edad que tuviese la víctima el día de la tragedia (17 de diciembre de 1983). María Teresa Fernández Carpintero, que tenía 18 años y que, como consecuencia del humo tóxico que inhaló, permanece desde entonces en una silla de ruedas, con infinidad de problemas físicos y mentales, percibirá 54 millones y una pensión mensual vitalicia de 200.000 pesetas.

Algunos abogados defensores anunciaron que recurrirán al Supremo. Si lo hacen así, el cobro puede retrasarse aún más. Fuentes de Interior indicaron ayer que los servicios jurídicos, tras estudiar el fallo, decidirán si lo recurren o no.

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El tribunal entiende que con un mínimo de diligencia el resultado no habría sido tan penoso

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La sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, que ocupa cerca de 500 folios, huye de la compasión para con los procesados y asegura que, con un mínimo de diligencia, las consecuencias no habrían sido tan penosas. Viene a decir e tribunal que, aunque ha pasado mucho tiempo desde el siniestro -más de 10 años-, los hechos y sus consecuencias son tan graves que no cabe imponerles una pena inferior a la fijada.

Los condenados son los copropietarios del local -Emilio Urdiales, Pedro Rascón, Doroteo Martín y Carlos Mendoza-, el electricista Miguel Gabaldón y el ex vocal de la Junta de Espectáculos, del Ministerio del Interior, Guillermo Herranz. La condena de este último ha servido precisamente para que el Estado tenga que responder de los cerca de 2.000 millones de indemnizaciones. Una muy pequeña parte de esa cantidad será abonada por seguros Mudespa, compañía con la que Alcalá 20 tenía contratada una póliza de escasa cuantía. Otra mínima porción saldrá de los bienes de los copropietarios -salvo uno, declarado insolvente-, que les serán embargados.

El inspector e ingeniero Guillermo Herranz ha sido condenado a dos años de cárcel "por no detectar las innumerables deficiencias del local, cuando la mayoría eran de fácil percepción". En caso de que esta sentencia se convierta en firme, el electricista es quien se encuentra en mejor situación para no ir a la cárcel. Su edad, 75 años, puede ser tenida en cuenta por el tribunal para dejarle libre.

Los abogados de las víctimas pretendían que el Ayuntamiento de Madrid también pagase parte de la indemnización, pero al quedar exonerado de responsabilidad el ex edil García Horcajo el dinero tendrá que salir básicamente del Estado.

Despropósitose

La sentencia establece que apenas nada se ajustaba a la legalidad cuando Alcalá 20, que antes de la tragedia era la discoteca de moda de Madrid, se abrió al público. Ni las luces de emergencia, ni las vías de evacuación, ni los exiguos sistemas de seguridad (extintores, manguera antiincendios)... Prácticamente estaba todo mal.

No obstante, y pese a que los dueños conocían sus múltiples y "peligrosas" deficiencias, no hubo ningún empacho en abrirla. Si hubiesen guardado "la más elemental diligencia", explica el tribunal en su razonamiento, el desastre se habría evitado, o, al menos, sus fatales consecuencias "habrían sido distintas". Escaleras interiores de emergencia excesivamente largas y estrechas, con curvas, ausencia de puntos de luz en algunos tramos, salidas de emergencia con cierres difíciles de abrir, extintores con fecha de revisión caducada, una única manguera antiincendios carente 'de suficiente presión y caudal... Y lo que es peor: Alcalá 20 fue adornada con más de 5.000 kilos de textiles altamente combustibles y sin ignifugar.

Todo ello dio lugar a- que, cuando se inició el incendio en las cortinas del escenario de la discoteca -sobre las cinco de la madrugada-, el fuego se propagase vertiginosamente por todo el recinto. Quedaban unas trescientas personas dentro. De la manguera sólo salió "un hilito de agua" que no sirvió para nada.

Se desconoce la causa exacta del incendio. Lo que sí está claro es que la luz se apagó y que el sótano donde se enclavaba Alcalá 20 se convirtió de pronto en un infierno. Si, al menos, los telones de las cortinas y demás materiales de adorno hubiesen estado ignifugados, el fuego no habría sido tan veloz y devastador.

Ochenta y un personas murieron (31 de éstas, carbonizadas; 13 por quemaduras e inhalación del monóxido de carbono que desprendían las telas del decorado, y otras 36 por asfixia y aplastamiento). Al cundir el pánico, se pisaron unas personas a otras en las estrechas escaleras de evacuación, inundadas de humo. Un humo que subió por el hueco de las escaleras hasta la vivienda de Ramón Alcón Pintado. Este hombre, junto con su esposa e hijos, intentó saltar desde la terraza de su edificio a otra adyacente. Una de sus hijas cayó al vacío y murió.

Antonio García Pablos (hijo), abogado de 57 familias de las víctimas, sintió ayer una satisfacción moderada tras conocer la sentencia. "Las penas impuestas por el tribunal se acercan más a las que pedíamos nosotros", destacó.

Reacciones políticasEl ex concejal de Seguridad Emilio García Horcajo no cabía ayer en sí de satisfacción. Había terminado para él un calvario de 10 años. Cuando el juez instructor decretó su procesamiento, abandonó la política activa. "Lo hice para no perjudicar a mi partido, aunque siempre he tenido el apoyo de compañeros como Juan Barranco o Ramón Rubial", explicó. La decisión del tribunal implica, según su abogado, Enrique Gimbernat, su "rehabilitación política".

Un gesto de alivio (eran muchos millones los que se han ventilado en este juicio) reinaba ayer en el Ayuntamiento de Madrid. Juan Barranco, portavoz del Grupo Socialista, estaba contento por la "rehabilitación moral y política" de su "amigo García Horcajo". "Es una buena sentencia, ya que también restablece la justicia" para las familias de las víctimas.

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, también calificó de "buena noticia" el resultado de la sentencia. En su opinión, la decisión de eximir de responsabilidad al Ayuntamiento viene a ratificar la "acertada postura" municipal en este proceso.

El primer teniente de alcalde, Luis María Huete, ha señalado respecto a la absolución del ex edil: "Si los jueces le hubiesen condenado, al día siguiente tendríamos que cerrar Madrid".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de abril de 1994

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