Interior retira al empresario Sarasola la escolta que tenía desde hace 10 años

El ministro del Interior, Antoni Asunción, ha ordenado restringir al máximo el número de policías dedicados a dar escolta a personalidades que ocupan, cargos políticos o de la vida privada. A uno de los que se les ha retirado la protec ción oficial es a Enrique Sarasola, empresario y amigo del presidente del Gobierno, Felipe González, que contaba con guardaespaldas pagados por el Estado desde hace 10 años, según fuentes policiales. También se han quedado sin guardaespaldas alrededor de 20 personas más.

Asunción, en su empeño por rescatar funcionarios para dedicarlos a la lucha contra la delincuencia, ha revisado algo que ya se les había ocurrido a otros ministros del Interior: el número de agentes que actualmente están dedicados a dar protección a políticos, banqueros y altos cargos policiales. José Luis Corcuera, anterior titular de la cartera, estuvo "obsesionado" con esta idea, pero pudo hacerlo en muchos menos casos de los que él creía", según un funcionario.Las fuentes informantes señalan que Asunción ha retirado 20 coches que ahora se empleaban en dar escoltas y, paralelamente, unos 50 policías del Servicio Central de Protección se han quedado temporalmente sin empleo.

Algunos de los afectados por estas restricciones son comisarios principales del Cuerpo Nacional de Policía, que únicamente contaban con un coche oficial y un agente que actuaba como chófer y guardaespaldas. No se ha podido precisar el número exacto de personas que se han quedado sin escolta o que tendrán que costeársela de su bolsillo.

Planes de secuestro

Sarasola, de 56 años, tenía asignado un grupo de 10 policías, debido a que en tres ocasiones se habían descubierto planes de ETA para secuestrarle y no a que fuera amigo del presidente del Gobierno, según fuentes de Interior.Éstas sostienen que en la actualidad sólo había entre 20 y 30 personalidades que, pese a no ocupar cargos en la Administración, disfrutaban de un servicio de seguridad policial por ser potenciales víctimas de terroristas u otros grupos.

Hasta ahora había problemas para que banqueros y otros hombres de negocios dispusieran de escolta no policial, debido a que la legislación lo prohibía. Pese a eso, Interior hacía la vista gorda en muchos casos. La nueva ley de Seguridad Privada y el reglamento que la desarrolla, sin embargo, permite a los particulares poder contratar este tipo de servicios con empresas del ramo.

Entre algunos de los 1.200 agentes del Servicio Central de Protección hay cierto malestar porque se les han quitado las gratificaciones económicas que recibían por dar protección a determinados altos cargos públicos, según fuentes policiales.

Con objeto de liberar funcionarios para otras misiones, Interior pretende retirar la protección permanente al mayor número posible de personas. A cambio, prefiere emplear grupos policiales de contravigilancia, que ejercen esta misión a distancia y sólo en determinadas horas del día. Sobre todo, cuando el personaje protegido corre mayor riesgo: al entrar o salir de casa.