Un caso maldito

"La situación había llegado al punto de que los guardias civiles que seguían a los guardias civiles sospechosos eran seguidos, a su vez, por otros guardias civiles. Algunos días, esto parecía una película de los hermanos Marx. Los supuestos implicados en las redes de narcotráfico estaban al tanto de las idas y venidas del equipo de investigación de la Guardia Civil, y, antes de que salieran de Madrid, los sospechosos ya sabían que sus investigadores estaban de caminó. Mantener las diligencias abiertas en esas condiciones resultaba bastante absurdo", subrayan fuentes de la Audiencia donostiarra.El estrepitoso fracaso de la ambiciosa investigación dirigida a dilucidar la implicación de funcionarios policiales en las tramas del narcotráfico suscita hoy en medios judiciales de San Sebastián la reivindicación de una verdadera Policía Judicial. "Esto ha sido como tirar pelotitas de papel a un blindado; no se pueden investigar casos de corrupción organizada dentro de los cuerpos policiales sin una verdadera. Policía Judicial", manifiesta otra fuente de la Audiencia.

El juicio por cohecho celebrado la pasada semana contra el sargento de la Guardia Civil Enrique Dorado Villalobos y el jefe de seguridad de las discotecas Ku, Pedro Luis Miguéliz, es, como señaló la fiscal Isabel Rodríguez, un resultado minúsculo para una investigación que, llegó a apuntar a los jefes de la 513ª Comandancia de la Guardia Civil (Guipúzcoa) y a tener pinchados 70 teléfonos, entre ellos los de las cabinas de los cuarteles de Pasajes y Hondarribia.

Considerado un caso "maldito", en la medida en que cuestionaba la honorabilidad de "los primeras espadas" en la lucha contra ETA, el informe sobre la implicación policial en el narcotráfico en Guipúzoca elaborado por el fiscal jefe Luis Navajas ha sido sometido permanentemente a la sospecha sobre su base.

Una prueba de que no todo el informe era un conjunto de infundios y acusaciones gratuitas vertidas por delincuentes la obtuvieron los investigadores cuando el seguimiento a uno de los sospechosos permitió descubrir las actividades de Andrés Palomino, el teniente de la Guardia Civil que condujo a la red de Andalucía desmantelada en la Operación Pitón. El comandante de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda, promotor de las pesquisas iniciadas hace seis años, afirmó el pasado miércoles ante el tribunal que el objetivo era coger un alijo y sorprender a los sospechosos con las manos en la masa, porque si no habría una filtración que arruinaría las indagaciones.

Castañeda, el hombre que suministró al fiscal Navajas la relación inicial de 31 sospechosos, 13 de ellos guardias civiles, dijo ante el tribunal que una filtración permitió a uno de los responsables de la trama, el ex jugador de la Real Sociedad José Antonio Santamaría, asesinado por ETA en enero de 1993, conocer la existencia de un infiltrado en su red. Unos días antes de su muerte, Santamaría, que nunca admitió otro contrabando que el de tabaco, transmitió al juez su disposición a colaborar con la investigación.

La filtración a la prensa de parte del contenido de ese informe, después de haber permanecido paralizado dos años por el entonces fiscal general del Estado, Javier Moscoso, arruinó una investigación en fase incipiente y puso bajo sospecha pública a jefes y oficiales de la 513ª Comandancia que, posteriormente, ni siquiera han sido citados a declarar. Algunos de ellos, como el coronel Enrique Rodríguez Galindo, jefe de la Comandancia, fueron expresamente exculpados, en un informe posterior hecho por la Unidad de Servicios Especiales del instituto armado.

La teoría del compló contra la Guardia Civil, y especialmente contra el hombre clave en la lucha antiterrorista, el coronel Rodríguez Galindo, cobró cuerpo dentro del instituto armado e hizo más estrecho el margen de maniobra del equipo investigador que Leopoldo Torres, sucesor de Moscoso en la Fiscalía General, puso, finalmente, a disposición de Navajas.

Durante la vista por cohecho, tras lamentar que "el banquillo se nos ha quedado pequeño y poco lucido", la fiscal señaló que la fiscalía de Guipúzcoa "no tiene nada contra la Guardia Civil ni contra el coronel Galindo".

El otro testigo de cargo en el juicio, el sargento Antonio Cruz, que se infiltró en la red por indicación del comandante Castañeda, ha relatado haber sufrido "un verdadero calvario" por parte de algunos compañeros: fue acusado de haber participado en el secuestro de Urtizberea, un vecino de Hondarribia, de ser narcotraficante y de pertenecer al sindicato clandestino del cuerpo.

En el caso de los juzgados la semana pasada por haber tratado de comprar la complicidad del guardia civil que se infiltró en la red, el tráfico de drogas no ha sido acreditado en absoluto.

A las sospechas exteriorizadas por el comandante Castañeda -"los sobornos eran demasiado elevados para ser tabaco"- y por la fiscal, se opuso el testimonio del topo Cruz, que se ratificó en su impresión de que ese grupo, supuestamente liderado por el asesinado Santamaría, operaba sólo con tabaco.