Dos y el Gobierno

EL GOBIERNo ha reaccionado, por fin, con energía ante el escándalo que lleva el apellido del anterior gobernador del Banco de España. La movilización del fiscal general y de los ministerios de Justicia y Hacienda, así como el anuncio de la intención gubernamental de personarse como parte perjudicada en un eventual proceso y de solicitar la creación de una comisión do, investigación si la comparecencia de Rubio no despeja las sospechas existentes, contrastan con la mezcla de incredulidad y pasividad con que el Gobierno de Felipe González acogió anteriores denuncias de corrupción aparecidas en la prensa. Es posible que la proximidad del ejemplo italiano haya influido en esa mayor receptividad, pero da la impresión de que existe también un factor de irritación: quienes desde el poder avalaron en su día a Mariano Rubio se sienten ahora personalmente estafados.Pero sería mejor para la sociedad que, junto a ello, exista un elemento de rectificación: la combinación entre la imagen de un director de la Guardia Civil sospechoso de enriquecimiento ilícito desde el cargo y la de un gobernador del banco emisor acusado de de fraudar a Hacienda habría despertado de su ensoñación a Felipe González, y su Gobierno se dispondría, cuando ya casi no hay tiempo, a tomarse en serio el problema de la corrupción, de acuerdo con el compromiso en su día adquirido ante un grupo de estudiantes de la Autónoma de Madrid.

La información que hoy publica EL PAíS, sobre la base de documentos oficiales remitidos a la comisión Roldán, pone de manifiesto que la intervención de Hacienda ya detectó en 1991 irregularidades muy ;graves en las adjudicaciones de obras de la Guardia Civil. La empresa que ganaba los concursos era siempre la misma y también las que los perdían. Dicho de otra forma: un apaño. Esto vendría a confirmar que el Gobierno no tomó en el pasado las medidas que ahora se declara dispuesto a adoptar para poner freno a la corrupción. Tiene instrumentos para ello, como se demuestra en este caso.

Tal vez resulte difícil, pese a todo, que la comisión que investiga la gestión de Luis Roldán al frente de la Guardia Civil establezca el origen de su rápido enriquecimiento en los años en que ocupaba ese puesto; en cambio, le resultaría fácil al afectado demostrar la falsedad de las imputaciones más graves que se le han hecho presentando sus cuentas bancarias y declaraciones de la renta correspondientes a ese periodo. Lo mismo sirve para el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio: si no tiene nada que ocultar, que muestre sus declaraciones fiscales.

El argumento de que ello vulneraría el derecho a la intimidad es bastante discutible cuando se trata de asuntos relacionados con la permanencia de los interesados en cargos públicos. Pero, en todo caso, el eventual derecho a no revelar esos datos no significa que tengan la obligación de ocultarlos. Tal como están las cosas, no se entiende que no sean ellos mismos quienes, se adelanten a mostrar tales documentos. Salvo que esa resistencia sea una forma de reconocer lo bien fundado de las acusaciones.

Las coartadas morales esgrimidas hasta el momento son de escasa consistencia. Como en tantos otros casos similares, los afectados tratan de convencerse a sí mismos de su honestidad identificando a los supuestos desveladores del escándalo, así como la existencia de motivos innobles tras sus denuncias. Entrar en esa discusiónes poco útil porque, aunque fuera cierto que las denuncias contra Roldán provienen de mandos agraviados de la Guardia Civil o de miembros corruptos de la unidad antidroga de ese cuerpo, como ha manifestado, ello no explicaría su propio vertiginoso enriquecimiento, que es de lo que se trata. En el caso de Mariano Rubio, la hipótesis de una mano negra sustrayendo documentos confidenciales, o haciéndolos llegar al lugar adecuado, puede ser verosímil sin que ello cambie la naturaleza de tales documentos como pruebas de comportamientos inaceptables.

Fue el rencor de una mujer despechada lo que desveló los manejos de Juan Guerra, y la pretensión de un contable de participar en el botín lo que hizo aflorar el caso Filesa. Raramente son motivos nobles, altruistas, de moralidad ciudadana, los que mueven a desvelar escándalos de este tipo, pero sin la pequeña holgura que esa posibilidad de denuncia interesada abre en el blindaje con que suelen protegerse los corruptos, su actuación quedaría siempre impune. Alí funcionan las cosas, y es propio de un régimen de libertades y opinión pública que los medios de comunicación se hagan eco de tales escándalos, haciendo sonar las alarmas sociales. Esta vez la alarma ha sonado tan fuerte que ha hecho reaccionar al Gobierno. Las palabras están dichas. Ya sólo queda que se cumplan.