Embargo a un ascensor

Los vecinos de una casa con nueve patios, situada en el meollo del barrio de Salamanca de Madrid, junto a la sede del Instituto Nacional de Industria (INI), se han quedado sin uno de sus dos ascensores. Son vecinos de variada condición y muchos de ellos de edad avanzada. La casa aparenta solidez, pero encubre unos cimientos ruinosos, fruto de una construcción precipitada con malos materiales sobre los escombros de la guerra civil. A finales de la década de los ochenta comenzaron a aflorar grietas en el edificio. La Gerencia de Urbanismo denunció los fallos de cimentación a los vecinos y les conminó a repararlos. Un contencioso con la constructora ha llevado a la comunidad de propietarios a los tribunales, quienes han procedido al embargo de uno de los ascensores como medida de presión para que salden una deuda.Una anciana asmática se agarra al posamanos y logra avanzar un peldaño tras otro hasta alcanzar el primer piso, donde se encuentra la consulta de endocrinología. Otra mujer de unos 50 años penetra en el portal arrastrando un carro cargado con la compra del día. Al llegar al primer escalón de la entreplanta tiene dificultades para superarlo. Rápidamente se lanza a prestarle ayuda el portero de la finca, un licenciado en Ciencias Políticas con un master en Comercio Exterior. Acaba de terminar la mili y hace de portero suplente. Antonio del Pozo coge el carro y lo sube a pulso por las escaleras hasta depositarlo en el domicilio de su propietaria, en el segundo piso. La mujer mira con gesto entre incrédulo y resignado.

-¿Qué le parece, eso de tener que subir las escaleras a pie?

-Es como si tuviéramos una metralleta apuntando. Qué quiere que le diga. No entiendo nada.

Como ella hay otros 47 vecinos en esta casa número 47 de la calle de José Ortega y Gasset. Tiene nueve patios, dos escaleras y un ascensor para cada una, que se reparten las 48 viviendas. Buena parte de éstas no superan los 63 metros cuadrados útiles, la media oscila sobre los 80, y sólo unas pocas alcanzan los 120 metros. El 50% de sus residentes son propietarios jubilados. Sus muros comenzaron a resquebrajarse hace seis años, de manera que no tuvo que insistir demasiado la Gerencia de Urbanismo para que los vecinos se decidieran a acometer la tarea de reforzar la. estructura del edificio.

Los responsables de la comunidad de entonces encargaron la redacción. de un informe técnico que fue firmado por el ingeniero de caminos Alejandro Muñoz Robleño. El mismo técnico supervisó la dirección de las obras, contratadas a la empresa Construcciones Olcina. La ejecución de las obras fue cuestionada por un vecino arquitecto. Creía que estaban pagando más de lo que costaban y, atendiendo a sus sugerencias, se pararon.

Según una vecina que ha pedido mantener el anonimato, en aquel momento la comunidad de vecinos se dejó aconsejar por un mal abogado. En lugar de poner una denuncia contra la constructora y dar fe notarial de su disconformidad, dejó las cosas en el aire y las cuentas sin pagar del todo, tal como estipulaba el contrato. La constructora actuó con más rapidez; no tenía que debatir sus decisiones con 48 vecinos y optó por presentar una denuncia por incumplimiento de contrato. La magistrada Amelia Reillo Álvarez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid, asumió el contenido literal de la denuncia y condenó en noviembre de 1991 a los propietarios a pagar a la constructora 5.963.478 pesetas y los intereses legales, más 3.199.211 pesetas en concepto de indemnización y el pago de las costas. La sentencia fue ratificada por la Audiencia Nacional en junio del año pasado.

Con el tiempo, la deuda acumulada asciende a 14,5 millones, una cantidad que sumada al pago de las obras retomadas por otra constructora ha colocado a la comunidad de vecinos en un disparadero. Entre unas facturas y otras suman más de 114 millones. Los vecinos están asustados ante tanta deuda. Unos dicen que se hipoteque el edificio; otros se echan a llorar. Hay muchos propietarios con pensiones de 40.000 pesetas. Nueve padecen lesiones cardiacas; dos, diabetes; otros dos superan los 90 años.

Entretanto, las actuaciones judiciales han continuado su curso. El 17 de enero, el mismo juzgado número 49 decretó el embargo de los derechos de propiedad de la vivienda del portero, las cuotas de la comunidad y el cuarto de calderas del edificio. La constructora consideró insuficiente estos embargos, y el 14 de marzo solicitó una mejora de embargo, petición que le fue aceptada por el juzgado el día 24 con la orden de precintar uno de los ascensores. Mientras se ve el recurso, los vecinos mayores que viven en los pisos superiores no pueden salir de casa. Podrían bajar las escaleras, pero carecen de fuerzas para subirlas.