Mano dura contra los kurdos

ENVIADA ESPECIAL Al problema kurdo, agravado con los últimos atentados en Estambul contra turistas -en los que un español resultó muerto y otros cuatro heridos-, se le ha sumado otro no menos preocupante para el Gobierno turco: el surgimiento de una fuerza islamista, amparada en el nombre de Alá, capaz de ganar elecciones municipales y manifestarse como alternativa de poder a medio plazo.

Las elecciones municipales celebradas el 27 de marzo han permitido la eclosión al este y sur del país, donde la población es mayoritariamente kurda, del Partido Islamista de la Prosperidad (PP), que ha ganado en toda la región. La retirada del único grupo legal pro kurdo, el Partido de la Democracia (DEP), y el voto en blanco de protesta de casi la mitad de los escasos electores que acudieron a las urnas, contribuyeron a que el PP, ganara con sólo el 20% de los votos.

"Si el DEP hubiera participado en las elecciones municipales, habría conseguido el 80% de los votos", declaró a EL PAÍS el diputado Felim Sadak, puesto en libertad, tras haber sido detenido con otros cinco parlamentarios de su formación política a principios de marzo. Sadak calificó la victoria del PP, que ha conquistado un tercio de las ciudades de Turquía, entre ellas Ankara y Estambul, como "una gran injusticia para la democracia".

La promesa de resolver el problema kurdo "por la vía pacífica" ha sido la clave del éxito del PP en el Kurdistán, cuya población está harta de la década de enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, que se ha cobrado más de 11.000 vidas. Este crecimiento y la presencia además del grupo extremista Hezbolá, ilegal, que está calando hondo en la población, ha suscitado una honda preocupación en la cúpula militar.

Para el presidente del DEP en Estambul, Remzi Kartal, estos resultados son irrelevantes. "El PP ha ganado el favor de la gente a causa de su mensaje religioso y gracias al eslogan un orden justo, pero el PP no es en absoluto pacífico y su máscara caerá", advierte.

La primera ministra, Tansu Ciller, ha colocado la solución del problema kurdo en la primera de sus prioridades, según muchos observadores, por imposición del Ejército. Según Sadak, el "acoso" de los militares que "amenazaron y anunciaron represalias contra los candidatos y los electores" llevó al DEP a retirarse de las elecciones.

El otro golpe, descrito por muchos como un golpe de Estado encubierto, llevó a la detención de seis diputados de este partido -entre ellos Sadak- y otro independiente, el 2 de marzo, cuando la mayoría de los diputados de la Gran Asamblea de Turquía (Parlamento), les retiró la inmunidad parlamentaria en un acto sin precedentes en la reciente historia de la democracia turca.

Los cinco diputados que aún permanecen en la cárcel están acusados de traicionar y atentar contra la integridad y la soberanía del Estado turco, un delito que, de acuerdo con el Código Penal vigente, puede ser castigado con la pena de muerte. Sadak explica su liberación por la "necesidad que tiene el Gobierno de mostrar a la población y a la comunidad internacional que tiene razones para mantener a los otros parlamentarios detenidos".

Por otra parte, ayer llegaron a la ciudad turca dos cuñados de Javier Castro González -el español que resultó muerto en el atentado del sábado- y dos representantes de la empresa nacional Santa Bárbara para repatriar hoy o mañana sus restos mortales, una vez superados los trámites administrativos.

María Teresa García Izquierdo, -herida en la misma explosión, también podría ser repatriada hoy para someterse a una nueva operación de la rodilla. Los tres heridos españoles evolucionan favorablemente.

El último atentado, el del pasado sábado en el Gran Bazar de Estambul, representa un duro golpe a la industria turística de Turquía, la principal fuente de divisas del país. Éste y uno anterior en el que resultó herida una joven español han sido reivindicados por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

La lucha entre el PKK y el Ejército no cesa en el Kurdistán turco. 18 presuntos guerrilleros resultaron muertos en dos incidentes separados, uno en Bingol y otro en Diyarbakir, al sureste del país, en choques con las Fuerzas Armadas, según informaron ayer las autoridades turcas.

Política militar

El Gobierno de Ankara ha optado, sin rodeos, por aplicar una política militar. El Gobierno alemán, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Klaus Kinkel, recordó ayer a Turquía la necesidad de mantener el respeto de los derechos humanos en su lucha contra los rebeldes. El Gobierno turco ha sido condenado repetidas veces por Amnistía Internacional por su escasa firmeza en el respeto de estos derechos fundamentales.

Además de los más de 300.000 hombres del Ejército, que arrasan poblaciones enteras y obligan a la gente a abandonar sus hogares, Ankara ha armado a miles de voluntarios kurdos a los que paga un salario para combatir a los rebeldes. En los últimos meses, más de 800 pueblos han sido destruidos y cerca de 1.400.000 personas se han visto forzadas a desplazarse a zonas seguras.

Las últimas víctimas de la política de mano dura son aquellos que han seguido la consigna del DEP de no votar en las elecciones municipales. En un contexto político militar en el que el que no está a favor es un enemigo, la población se ha convertido en el blanco de los dos bandos.