Benevolencia uruguaya

El papel asignado a uno de los etarras afincados en Cuba en una película isleña sobre la guerra de independencia contra España, rodada tiempo atrás, fue perverso. "Tiene cojones la cosa. Hacer yo de capitán español", comentó en una tertulia el cualificado extra vasco.Ninguno de los 11 supuestos etarras detenidos en mayo de 1992 en Uruguay se dedica al cine, pero podrían hacerlo en lugar de haberse decidido por las kokotxas y dos restaurantes. Cuentan con apoyos de importancia y, por diferentes razones, son considerados "buenos chicos" entre una parte de la sociedad uruguaya, que se opone a la extradición o percibe el problema del terrorismo a su manera.

El sistema judicial de esta tranquila república suramericana les favorece y los jueces han denegado ya cinco de las extradiciones. Los presuntos terroristas saben que el refugio es de momento seguro y confían en quedarse. No será fácil que el Gobierno español pueda impedirlo, y este año, con elecciones en noviembre, casi imposible.

"Los vascos somos muy brutos, pero muy nobles". Esta es una reflexión aún escuchada entre una emigración poderosa económica y políticamente, orgullosa de sus orígenes, proclive a considerar la represión franquista como referencia todavía válida y aferrada a una concepción romántica y antigua de ETA y de la patria vasca. Incluso el ministro del Interior, Raúl Iturria, se considera vasco por los cuatro costados. "Más que los de La Trainera", comentaba un funcionario.

Una persona que dice ser amiga suya agrega que Iturria, asiduo de las celebraciones de esta pudiente colonia en Durazno, a 200 kilómetros de Montevideo, desconoce las dimensiones y entresijos de ETA y el hecho de que sus métodos son rechazados por la gran mayoría del pueblo vasco. Igual ocurre con muchos de los titulares de apellidos como Aguirre, Beramendi, Ibarra, Arana, Larrañaga, Larreta o Urruzola, frecuentes entre la clase política de esta nación de tres millones de habitantes, en la que los uruguayos de procedencia gallega son mayoría.

"Después de la guerra civil no se podía hablar euskera en muchos lugares públicos y nos despreciaban. Todavía debe quedar mucho de aquello". En parecidos términos a Emilio Alzate, de 60 años, se expresan bastantes más en una diáspora vasca lejana, tradicional votante del partido en el Gobierno uruguayo, escorada hacia el abertzalismo radical en sus últimos movimientos internos y escasamente dispuesta a la denuncia del independentismo a sangre y bombazos. ¿Por qué no puede separarse Euzkadi de España si lo quiere la mayoría de sus habitantes?, dicen.

El cambio en la correlación de fuerzas de esta comunidad, fuerte entre los estancieros del interior e industriales lecheros, se localiza en el centro Euskalherria, donde los miembros más próximos a HB se imponen a los simpatizantes del PNV, de más edad y antes mayoritarios en los órganos directivos.

Como institución, Euskalherria nunca acude a las recepciones de la Embajada española, y algunos de sus socios lo hacen únicamente a título particular. El centro Euskaro-Español, principalmente navarro, también registra un sordo debate, aunque en este caso centrado sobre la conveniencia o no de suprimir el segundo adjetivo para recibir subvenciones del Gobierno vasco.

La ausencia de doctrina jurídica sobre el terrorismo en el tratado de extradición de 1885 permite que cada juez se ajuste a patrones e interpretaciones particulares. El delito será terrorista o político en función del código aplicado y el perfil de quien lo elige. ETA y, más que ETA, "los vascos" gozan de soporte, protección o amparo entre los guerrilleros tupamaros devenidos en jefes políticos, activistas de izquierda perseguidos durante los regímenes militares y ahora titulares en puestos relevantes de la judicatura, comités populares de difícil encuadramiento, ganaderos con ocho apellidos vascos o ultraderechistas con uno.

Completan este bloque de auxilio los responsables de HB Idígoras, Carmelo Landa, Díez Usabiaga y Eva Forest entre otros, que viajan regularmente a Montevideo y han sido más eficaces que el Gobierno español en la divulgación de sus tesis.

La gran mayoría de la sociedad uruguaya permanece ajena a la disputa, pero quienes en ella se movilizan creen que los etarras serán sometidos a horrorosas torturas si son entregados.

José López Mercao, guerrillero tupamaro que pasó 14 de sus 43 años en la cárcel, se sorprende de que España, "que siempre se caracterizó por su fina diplomacia, se haya manifestado ahora de forma tan grosera y zafia al protestar entrometiéndose en las decisiones de nuestro sistema" de justicia.

La otra parte también tiene argumentos. "¿Qué puede decirse de los comunicados suscritos por diputados a favor del asilo? ¿No constituye esa iniciativa una clara presión política sobre la decisión de los jueces?", preguntan fuentes españolas. Como era de esperar, López Mercao, miembro del Comité Central del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros; legalizado e integrante del Frente Amplio, niega haber recibido financiación de ETA y asegura "deplorar el uso de métodos terroristas por las dos partes enfrentadas".

Al comentar el fallo de los magistrados contrario a las extradiciones, el dirigente tupamaro recuerda que "incluso en momentos en que prevalecían la prepotencia y la fuerza hubo jueces que se hicieron respetar".

La prensa también ha tomado parte en el asunto y el diario La República, el segundo en difusión, encabeza la campaña contra la entrega de los presuntos terroristas a la justicia española. En sus páginas ha publicado varios artículos el pintoresco concejal de Montevideo por el Partido Nacional, en el Ejecutivo, Leopoldo Amondarain.

El titulado Vuelven los Borbones colmó la paciencia española y obligó a la protesta oficial. El presidente Luis Alberto Lacalle llamó a capítulo al concejal y éste se avino a reconocer que se le fue la pluma. La visita del Rey a Uruguay, que ha sido retrasada para evitar que coincida con este mal momento, le inspiró. "El bueno de don Juan Carlos, Borbón, al fin, ¿no vendrá sibilinamente a visitarnos para lograr un éxito político (tan mezquino últimamente), presión mediante, con otro intento de extradición de los patriotas vascos que quedan?", se preguntaba Amondarain.

Pero, más que este francotirador, preocupa el manifiesto de la mitad de la Cámara de Diputados, de todos los partidos, en apoyo de la concesión de asilo. La filiación e influencia de algunos firmantes son notables. En el comunicado Ser vasco no es delito, los legisladores se refirieron a los miembros de la organización terrorista como "ciudadanos vinculados a la actividad política por determinados objetivos, que no corresponde juzgar en la presente declaración".