Cuatro supuestos asesores laborales facilitaron contratos de trabajo falsos a 1.500 dominicanos

Cuatro supuestos asesores laborales facilitaron contratos falsos de trabajo a 1.500 inmigrantes dominicanos. Antonio Lázaro, de 40 años; su esposa, María Isabel Hernando, de 42; la cuñada de Antonio, Elena Valls, de 44, y la hija de esta última, Esther Lázaro, de 22, fueron detenidos el pasado día 22. Cobraban unas 50.000 pe setas como media a cada inmigrante por proporcionarle, de forma fraudulenta, el precontrato laboral exigido para obtener un permiso de trabajo y residencia. La policía calcula que en un año obtuvieron más de 80 millones de beneficios.

Los falsificadores recibían a los inmigrantes en una supuesta asesoría laboral que abrieron en el mismo bloque donde vivían, en el número 15 de la calle de Costa Rica, una zona acomodada del distrito madrileño de Chamartín. Allí los agentes intervinieron unos 300 expedientes con contratos falsos en trámite y también decomisaron pasaportes falsificados y auténticos.Los cónyuges arrestados cuentan con más de una decena de antecedentes policiales por estafa, falsedad, apropiación indebida y cheque en descubierto.

Cada uno de los miembros de este clan familiar se constituía en una empresa o empleador ficticios y firmaba contratos con los inmigrantes que recurrían a ellos. Los clientes sabían que se trataba de un contrato fantasma, pero esperaban que colase ante las instituciones y librarse así de la angustia de vivir en España de forma ilegal.

Según asegura Elisa García, secretaria de la Unión de Inmigrantes Dominicanos en Espafia (UIDE), "a menudo este contrato fraudulento es detectado por las autoridades españolas, con lo que el inmigrante ha pagado un dinero por un documento inservible". Pero agrega: "No nos había llegado ninguna queja relacionada con esta asesoría".

Los supuestos empresarios también se dedicaban a traer inmigrantes desde la República Dominicana. Los interesados contactaban con la asesoría a través de parientes afincados en Madrid y, como primer paso, remitían por correo su pasaporte, fotografias y dinero.

Firma ficticia

Lázaro y su esposa preparaban uno de los contratos simulados, incluida una firma ficticia del solicitante, falsificaban el certificado médico oficial y presentaban la documentación completa en la Dirección Provincial de Trabajo. El resguardo oficial que les daban lo remitían a Santo Domingo, y con él, su cliente podía obtener el visado para viajar a España.Varios vecinos de los detenidos aseguran que la pareja les pidió dinero prestado en ocasiones. No parecían irles bien las cosas hasta que, hace cosa de año, montaron la supuesta asesoría. Su situación económica mejoró notablemente, según observaron los mismos vecinos.

Tras el último proceso de regularización de trabajadores extranjeros, en julio de 1991, en Madrid residían 3.799 inmigrantes dominicanos en situación legal. A ellos hay que añadir aquéllos que no tienen la documentación en regla. Algunas asociaciones estiman en 15.000 el número de dominicanos, legales e ilegales, que viven en la Comunidad Autónoma de Madrid.