Los accionistas aprueban hoy el plan de saneamiento

La junta de accionistas de Banesto que se celebra hoy será histórica. Será el acto jurídico que va a permitir volver a la normalidad de Banesto. Los accionistas, los dueños de banco, deberán aprobar todos los acuerdos adoptados por los gestores provisionales desde que el Banco de España decidiera la sustitución de los anteriores administradores.La asamblea será también el foro de un importante debate jurídico. La prueba palpable del interés que ha despertado entre los profesionales de la materia es que numerosos colectivos han solicitado al banco tarjetas que les permita asistir a la junta: el Colegio de Abogados, ICADE de la Universidad de Comillas, el Colegio Universitario San Pablo, la Escuela de Práctica Jurídica... Muchos esperan ver un verdadero torneo de esgrima jurídica de un interés tan relevante como en su día lo fue el juicio de la Barcelona Traction.

En efecto, la junta de hoy tiene un valor trascendental porque en ella se tomarán acuerdos decisivos para el futuro del banco. Pero además también será una ocasión para sacar a la luz muchas figuras jurídicas, estrategias, pormenores que en muy pocas juntas se pueden saborear por qué los accionistas han perdido mucho dinero con la caída de las acciones. El plan que se aprobará hoy, no obstante, les permitirá suscribir nuevas acciones a 400 pesetas, que, seguramente, en poco tiempo permitirán recuperar parte de las pérdidas. Ese va a ser el principal atractivo, porque difícil será que aparezca por el recinto del moderno Ferial de Madrid algún representante del anterior equipo de gestión de Banesto.

El 'agujero'

El agujero que se atribuye a la gestión de ese equipo, dirigido por Mario Conde, y el plan de saneamiento que va a proponer el banco para salir del hoyo son los puntos centrales de esta junta extraordinaria. El mencionado agujero fue puesto al descubierto por el Banco de España tras destituir al anterior consejo de administración. El banco emisor, que investigaba el banco desde hacía meses, descubrió la crítica situación de Banesto -605.000 millones de necesidades de saneamiento, lo que supone un agujero real, tras descontar los recursos propios del banco, de 245.000 millones de pesetas-. Ésa fue la causa de la sustitución del consejo presidido por Mario Conde por un órgano de administración provisional, encabezado por Alfredo Sáenz.Como consecuencia de la crisis, el banco sufrió una brecha por la se fueron muchos depositantes. Según fuentes del actual equipo gestor, se llegaron a perder 357.000 millones de depósitos -sin contar la caída estacional de principios de año- sobre un total de tres billones. De ellos, a estas fechas, se han recuperado en torno a 35.000 millones.

La junta de acccionistas es el órgano soberano de una sociedad anónima. Es también el instrumento básico para dominar una sociedad controlando las decisiones que se toman en la misma. En ella se toman los acuerdos decisivos y todos los socios, incluso los no asistentes, quedan sometidos a sus decisiones. La junta de Banesto, entidad que cuenta con más de 300.000 accionistas, es especialmente significativa ya que tiene que aprobar los importantes acuerdos tomados en los últimos tres meses de gobierno del órgano de administración provisional nombrado por el Banco de España para sanear y normalizar el banco. A la convocatoria acudirán unas 6.000 personas, según las estimaciones del banco, que representan alrededor del 5% del capital.

Delegación de acciones

El presidente, Alfredo Sáenz, cuenta con la representación de otro 70%, porcentaje que le deja maniobra suficiente para hacer y deshacer. En ese porcentaje se incluyen las acciones de varios miembros del anterior consejo de administración, alguno de los cuales recurrieron junto a Conde la destitución, y el 7,9% que tiene en sus manos el fondo Corsair, gestionado por el banco de negocios estadounidense J. P. Morgan, y que concedió su representación a Sáenz a pocos días de la junta. Entre los asistentes a la junta no estará Mario Conde ni ninguno de los anteriores consejeros.

Todos los acuerdos que se presentan a la junta de hoy precisan un quorum (asistencia) del 50% de las acciones y el voto favorable de la mayoría del capital presente o representado. Como Alfredo Sáenz tiene una representación de casi el 70%, no tendrá ningún problema para aprobar todas las propuestas del orden día, que son las siguientes:

- Plan de saneamiento y recapitalización. El Banco de España aprobó el plan de saneamiento elaborado por el actual presidente Alfredo Sáenz. Se trata de una operación acordeón (primero se reduce el capital para afrontar parte de las deudas y luego se amplía para que el banco vuelva a funcionar). Los elementos básicos de este plan son: un paquete de ayudas para sanear el banco por 605.000 millones de pesetas; un plan de recapitalización por 180.000 millones suscrito por el Fondo de Garantía (órgano dependiente del Banco de España) para dotar al banco de recursos propios necesarios para su funcionamiento. El Fondo aprobó ayer una emisión de deuda por valor de 65 millones de pesetas "dirigida exclusivamente a entidades de crédito". El grueso de esa cantidad -432 millones- vencerá en junio de este año.

Saneamiento. Los 605.000 millones de pesetas de saneamiento necesarios serán aportados de la siguiente forma.

1) Banesto aportará 320.000 millones. De ellos, 244.000 lo hará contra las reservas con reducción total de las mismas, 48.800 millones de reducción de capital -el nominal de las acciones se reducirá de 700 a 400 pesetas- y saneamiento diferido para fondo de pensiones 27.200 millones).

2) El Fondo de Garantía (FGD) aporta 285.000 millones. Esta cantidad se aporta por mitades por el Banco de España y por la banca privada.

Recapitalización. Se efectuará una ampliación de capital de 180.000 millones de pesetas que suscribirá íntegramente el Fondo de Garantía. Previamente, los accionistas reunciarán al derecho de suscripción preferente.

- Adjudicación de las acciones adquiridas por el FGD. A la mayor brevedad posible, el paquete de acciones suscrito por el Fondo de Garantía deberá ser puesto a la venta con total publicidad. El comprador -se barajan tres nombres Santander, BBV y Argentaria, a los que puede unirse el Popular- deberá adquirir todo el paquete -como mínimo 180.000 millones de pesetas- y comprometerse a mantener el 30% del capital de todo el banco -unos 73.000 millones- y la marca durante cuatro años.

- Reducción y ampliación del capital social. La junta deberá aprobar la reducción del capital en 48.800 millones y posterior ampliación de 180.000 millones con los quorums y mayorías señaladas. Junto a la ampliación habrá que aprobar la supresión del derecho preferente.

El derecho de suscripción preferente de acciones cuando hay una ampliación de capital es un derecho esencial del accionista. Se basa en el principio de pro-porcionalidad y su objetivo es permitir al accionista que pueda mantener su participación en la misma proporción tras la ampliación. Sin embargo, la nueva Ley de Sociedades Anónimas de 1989 establece este derecho de exclusión y pone como condición que lo requiera "el interés de la sociedad". El catedrático de Derecho Mercantil Rodrigo Uría interpreta el "interés social como el interés de la sociedad, es decir de la empresa. Debe quedar claro que no se hace para perjudicar a los socios sino todo lo contrario, para sanear la sociedad. Sólo es válida cuando es necesaria para la sociedad y no existe una solución alternativa mejor".

- Impugnación y suspensión de los acuerdos. Cualquier accionista puede impugnar los acuerdos de la junta. Pero la simple impugnación suele ser poco relevante porque se trata de un proceso larguísimo cuya resolución dura varios años. Es muy difícil que un juez acuerde impugnar acuerdos cuyos efectos económicos serían incalculables con el tiempo. No se espera, por ello, que se presenten impugnaciones. Sin embargo, es probable que alguno de los anteriores administradores pida la impugnación a los puntos 5 y 6 del orden del día por dos cuestiones: la sustitución de administradores adoptada por el Banco de España y la presentación de la acción social de responsabiliadad. En medios jurídicos no dan ninguna importancia a estas peticiones cuyo valor consiste en fortalecer la defensa jurídica de los litigantes.

Sin embargo, lo realmente importante es la posibilidad de pedir la suspensión de los acuerdos impugnados. Para pedir la suspensión se precisa el 5% del capital. Aunque es un porcentaje pequeño -la ley anterior exigía un 20%- es prácticamente imposible que nadie reuna este capital. Conde, que sí puede juntar un paquete superior al 5%, ya ha asegurado que no tiene intención de ejercitar este derecho.

Si a pesar de todo alguien presenta la impugnación de los acuerdos y la petición de la suspensión de los mismos, el juez tiene un plazo de 40 días para decidir. Por esta razón, la adjudicación de Banesto al futuro comprador no se adoptará hasta pasado este plazo de tiempo, el 9 de mayo. La resolución del juez sólo puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional.

- Acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad, establecida en la nueva ley de sociedades anónimas, puede ser presentada ante la junta por cualquier accionista y bastará el acuerdo de la mayoría de los asistentes para que se acuerde. Los motivos que la fundamentan son todas las posibles actuaciones que hayan podido ocasionar el quebranto del banco y lesionar los intereses de los accionistas. La acción se dirige contra todos los consejeros ya que todos son responsables, solidariamente, de la gestión. Una vez adoptado el acuerdo, no es posible renunciar a él ni transigir si se opone un 5% del capital social de la entidad. La formación del 5% puede acordarse en la misma junta. Después de acordarse la presentación de la acción en la junta, hay un plazo de 30 días para presentar la demanda ante el juzgado con el contenido concreto de las actuacionesque se consideran irregulares.

En el caso de la junta de Banesto no se planteará tal dificultad ya que la actual presidencia ha decidido presentar una acción social de responsabilidad con carácter general contra los responsables de todos los quebrantos. La circunstancia de que la actual presidencia presente esta acción supone un gran alivio para los demás accionistas que habían decidido presentarla, ya que se trata de un procedimiento judicial muy costoso. Estos gastos corren a cargo de quien presenta la acción si la sociedad no lo asume. Sólo el bastanteo de poderes a abogados y procuradores cuesta más de 100 millones.

La información de estas páginas ha sido elaborada por Andreu Missé, Miguel Ángel Noceda, Jorge Rivera y Rafael Vidal.