Una veintena de guardias civiles, investigados por prestar protección a varios prostíbulos

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN-EL PAÍS Una veintena de guardias civiles, entre ellos un comandante y varios oficiales, están siendo investigados judicialmente en Alicante por prestar presuntamente proteccíón a varios prostíbulos que a cambio brindarían a los agentes pagos en especie y en metálico. Manrique Tejada y Pedro Jiménez, juez y fiscal encargados del caso, respectivamente, están rastreando los movimientos financieros en esos locales para comprobar la existencia de pagos realizados a guardias. El juez dispone de dos elementos clave: varios vídeos delatan la presencia asidua de 13 guardias en el prostíbulo Pipo's y el testimonio de un antiguo empleado del club.

Todo comenzó con el despido de Gregorio Roncero Artero, antiguo empleado del club Pipo's, quien solicitó 480.000 pesetas de indemnización. Al fracasar su reclamación, Roncero intentó extorsionar a su antiguo jefe, José Vera, en diciembre de 1993, con un vídeo de 25 minutos grabado en el local que recogía la presencia de guardias civiles. Vera, aconsejado por varios agentes, presentó una denuncia contra Roncero ante la imposibilidad de impedir su difusión.El antiguo empleado decidió destapar el caso y prestó declaración ante el juez de Orihuela Manrique Tejada. El magistrado intervino dos vídeos que Roncero había vendido al semanario Interviú, un tercero presentado como prueba en el caso de las extorsiones y, lo que constituyó una auténtica bomba, un cuarto vídeo que aún tenía en su poder Roncero, y en el que se podía ver al hasta hoy cliente del prostíbulo de mayor graduación: el comandante Ángel Andrés Belmonte, actualmente en el Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga (GIFA) de Valencia.

Junto a este jefe del, instituto armado, salen retratados en las cintas, cuya duración total supera las diez horas, al menos otros 12 miembros de la Guardia Civil de Alicante: el teniente José Martínez López Antolinos, el sargento José Fernández, el sargento Diosdado Huélamo Fernández, el guardia Heliodoro Lavara, todos ellos destinados en el servicio de información; el cabo Julio Sesma Poveda, los guardias Felipe [se desconoce el apellido], José Pérez Saura y Ramón Rizo Gómez, todos miembros del GlFA; y los guardias Fernando Leiva González, Herrero [tampoco se conocen más datos], Antonio Román Rodríguez y José Francisco Torres García, todos ellos de la Policía Judicial del instituto armado.

Familiaridad excesiva

El teniente Antolinos, el más retratado en las cintas, ofrece tales muestras de estar familiarizado con el local, que él mismo llega a servir copas detrás de la barra, según evidencia uno de los vídeos. Aunque no figuran en las filmaciones, se investiga también al subteniente José Parra, jefe de línea de la Guardia Civil en Orihuela, y al cabo Andrés Guillén, con destino en Callosa del Segura.

Ninguno de ellos ha sido apartado cautelarmente de su puesto por las autoridades de Interior en la provincia mientras se realizan las pesquisas, según fuentes del Gobierno Civil de Alicante. Alfonso Calvé, gobernador civil de esta provincia, ha declinado dar siquiera los nombres de pila de los guardias investigados, alegando "escrúpulos morales", ya que no ve irregular la presencia de los guardias, a título personal, en dicho prostíbulo.

Las diligencias previas abiertas por estos hechos en el juzgado número 4 de Orihuela se basan en dos presuntos delitos por parte de los funcionarios: cohecho y proxenetismo. El juez Tejada ha invocado el secreto de las actuaciones para declinar informar sobre el curso de las investigaciones.

Según fuentes cercanas al caso, además de los vídeos existe otro elemento clave para incriminar a algunos funcionarios: el testimonio de Roncero, el antiguo empleado de Pipo's. Roncero ha detallado ante el juez varios pagos a miembros de la Guardia Civil. En 1992, Roncero se trasladó al chalé del dueño del prostíbulo, donde vio cómo éste entregaba en un sobré unas 200.000 pesetas al cabo Guillén. A mediados de ese año, Roncero acudió por orden de Vera a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de Cox, donde hizo efectivo un cheque de 500.000 pesetas, suma que debía ser entregada al subteniente Parra.

También figuran pagos efectuados al citado cabo Guillén en 1991 y 1992. En esa ocasión, Roncero tras retirar un millón de pesetas de la sucursal de la CAM de Cox, entregó el dinero a dos supuestos agentes en el peaje de El Campello de la A7,que presuntamente debían entregar la suma a "un mando de la Guardia Civil de Valencia" al que conocía de cara como asiduo del local y al que cree que podría identificar.

Las pesquisas se centran en el prostíbulo Pipo's, aunque no se descarta que puedan ser investigados otros clubes. No se conoce que esta casa de citas, una de las mayores de la región, haya sido objeto nunca de una inspección ni de sanción por la Guardia Civil, mientras que lupanares cercanos han sido castigados. El juez indaga el por qué de la diferencia.

Esta información ha sido elaborada por los miembros del Equipo de Investigación .