El sistema de pensiones no esta en crisis

Participamos, el conjunto de los países de la Unión Europea, de un modelo de Estado en el que todos los ciudadanos tenemos garantizada la percepción de ingresos en sustitución de las rentas que se dejan de percibir como consecuencia de enfermedades, infortunios o, simplemente, la conclusión de la vida laboral. Junto a ello se nos garantiza un conjunto de derechos como el de la educación, sanidad, etcétera, que han dado lugar a mecanismos de solidaridad social y de cohesión que han sido y son una de las claves de la estabilidad de los países de la Unión Europea.Pero, dicho eso, existen tantos modelos como países. Si utilizamos datos de 1991, los gastos de protección social sobre el PIB alcanzan el 21,74% en España, siendo la media europea para dicho año del 26,03%; países como Holanda y Francia alcanzan un 32,41%, y un 28,7%, respectivamente. Hay que señalar, sin embargo, que en el año 1982 la diferencia de España respecto a la media de la Unión Europea era de 10 puntos. Y, a finales de 1993, es previsible. que superemos el 25% del PIB. Sin tener en cuenta que, como es sabido, en estas cifras no pueden computarse los gastos de inversión, y que nuestro actual nivel de inversión en protección social (escuelas, hospitales, residencias de la tercera edad, etcétera) es muy superior al de los países con sistemas de protección mucho más consolidados. De otro lado es notorio que estos gastos de inversión generan además empleo.

La siguiente reflexión sería que mientras la crisis obliga a los países europeos avanzados a plantearse reformas drásticas de los sistemas de protección social, como consecuencia de situaciones de sobreprotección (caso de Holanda dentro de la Unión Europea y Suecia fuera de la Unión Europea, por ejemplo), en España, incorporada mucho más tarde a un sistema de protección social avanzado, podemos decidir razonablemente el camino a seguir, adaptándonos a las nuevas condiciones económico-sociales sin tomar medidas como las que se plantean en dichos países.

El sistema de Seguridad Social constituye el núcleo básico del Estado del bienestar, y desde 1982 se ha venido perfilando la arquitectura básica de nuestro modelo, basado en tres niveles -no contributivo, profesional y complementario- diseñados por leyes de 1985, 1977 y 1990 y consolidado mediante reformas sucesivas que han mejorado la racionalidad del sistema y fortalecido sus aspectos financieros, aspectos esenciales para la estabilidad de cualquier sistema de protección social, dado el número de personas afectadas y la cuantía tan importante de recursos que supone (el presupuesto de la Seguridad Social, que de momento excluye el desempleo, se eleva en 1994 a 10 billones de pesetas, lo que supone el 15,6% del PIB nacional y el 35% del presupuesto consolidado del Estado). Si analizamos los presupuestos iniciales y los presupuestos liquidados de las prestaciones económicas de la Seguridad Social en 1993, vemos un comportamiento de las pensiones de acuerdo con las previsiones de gasto, mientras que se produce una desviación excesiva y poco justificada, desde el punto de vista de la Seguridad Social, de la incapacidad laboral transitoria y de la invalidez provisional, que influye en que la Seguridad Social se convierta en un instrumento que financia la crisis de las empresas o que resuelve problemas personales no previstos en nuestro sistema protector. El análisis de nuestras cifras presupuestarias nos permite afirmar que la incapacidad laboral transitoria y la invalidez provisional, así como, de otro lado, las prestaciones y subsidios por desempleo y la sanidad, han generado en los últimos años un déficit que ha contribuido a producir inquietud sobre el futuro financiero de la Seguridad Social; y la conclusión obligada es que nuestro sistema contributivo de pensiones, en sí mismo considerado, en comparación con el resto de las prestaciones y gastos citados, ha demostrado su solidez incluso en periodos de dificultades económicas. Por ello no se puede generar la idea de crisis de nuestro sistema de pensiones.

Se vienen haciendo afirmaciones que ponen de manifiesto un desconocimiento de la realidad de nuestro sistema de pensiones. En principio hay que decir que, de los 6,5 millones de pensiones existentes en la Seguridad Social, menos de la mitad lo son de jubilación y que la pensión media de jubilación de la Seguridad Social es de 63.248 pesetas. Es cierto, y no puede ignorarse, que la evolución demográfica produce dos tipos de consecuencias que inciden en la Seguridad Social: las personas viven más años y por ello pueden percibir prestaciones sociales durante más tiempo, y, por otro lado, las tasas de natalidad disminuyen, por lo que la población joven también lo hace. En un sistema de reparto como el de la Seguridad Social española, las cotizaciones de cada mes finan cian las prestaciones de cada día, por lo que los dos aspectos fundamentales son los cotizantes y los preceptores de prestaciones o, más exactamente, las cotizaciones y las prestaciones.

Nuestro problema no son las tasas de natalidad, sino el empleo, la capacidad de generar empleo. En España, las tasas de actividad de las mujeres, por ejemplo, están por debajo de las de otros países europeos. El futuro del Estado del bienestar depende, pues, del empleo de forma determinante.

El sistenia de reparto es una de las características solidarias intergeneracionales, al que ya hemos hecho referencia con anterioridad. Los cotizantes actuales financian las rentas de quienes perciben las pensiones día a día, y así sucesivamente generación tras generación. Además de ser técnicamente un buen sistema, genera lazos de interrelación de enorme importancia en una sociedad que quiere cohesionarse y que quiere vivir el futuro sin angustia.

Que el sistema sea técnica y socialmente el más correcto no quiere decir que no haya que afrontar con realismo sus problemas y su evolución.

Y hoy la pregunta que se están haciendo muchos ciudadanos es si en el futuro el sistema de Seguridad Social va a poder financiar un número de prestaciones más numerosas y de mayor cuantía.

En nuestra opinión, la respuesta es categóricamente sí, si somos capaces de abordar con realismo el problema. Nuestra política de acercar las bases de cotización a los salarios reales ha dado lugar a que la cuantía de las nuevas pensiones sea mayor que las que causan baja en el sistema. En 1993 la cuantía media de las nuevas pensiones es de 65.000 pesetas mensuales, frente a las 50.000 pesetas de las que dejan de pagarse. Por otro lado, el valor actual de las prestaciones que se perciben está por encima del valor actual del conjunto de las cotizaciones que se pagan, por lo que se refiere a un afiliado a la Seguridad Social, lo que es expresión también de la solidaridad del sistema. Que la base máxima de cotización sea superior a la pensión máxima es un mecanismo de solidaridad que también opera en nuestro sistema. Aproximadamente la diferencia: entre la base máxima de cotización y la pensión máxima es de 100.000 pesetas.

Por último, supone un principio claro de solidaridad el establecimiento de pensiones mínimas con carácter general dentro del sistema contributivo. La discusión en todo caso es si debe financiarlo el Estado o debe hacerse a través de las cotizaciones. A modo de conclusiones:

- Nuestro modelo de Estado del bienestar es más joven que el de los países europeos más avanzados, y ello nos permite proyectar un futuro atendiendo a los condicionantes económicos y sociales actuales y garantizando su futuro sin efectuar recortes en las actuales pensiones.

-Ya se está actuando y habrá que hacerlo permanentemente para evitar el descontrol en los gastos de la incapacidad laboral transitoria y la invalidez provisional.

- Aunque no forma parte de la Seguridad Social, las desviaciones en los gastos del desempleo tienen que reducirse, para luego disminuir estos gastos en la medida que vaya creciendo el empleo.

- Todas las políticas sociales que encuentran su origen en la crisis económica, si se aprueban, deben ser financiadas por el Estado.

- El principio de solidaridad intergeneracional es un elemento fundamental de la Seguridad Social.

- Seguramente a medio y largo plazo debemos planteamos el reforzamiento de los aspectos contributivos, pero manteniendo el sistema de reparto y no confundiéndolo con sistemas de capitalización que ya pueden operar hoy en el nivel complementario, y en ningún caso sustitutorio, de la Seguridad Social a través de los fondos de pensiones. Ese reforzamiento de los aspectos contributivos del sistema público de pensiones ya se hizo en 1985 y es un planteamiento posible para el futuro, porque los márgenes de reforma de nuestro sistema en relación a otros europeos son aún muy considerables.

- Nuestro sistema de pensiones no tiene por qué tener crisis. El problema fundamental es el empleo y no la demografía. El reto de esta sociedad es, pues, que más mujeres y jóvenes se incorporen al trabajo.

En este debate, como en tantos otros que se producen en nuestro país, lo que sobran son las voces agoreras, los estereotipos y las afirmaciones sin matices, y lo que se echa en falta son debates sosegados, objetivos y constructivos que permitan a nuestros ciudadanos reconocer los problemas, pero también afrontarlos con esperanza. Y en esta cuestión hay sin duda muchos más motivos para la esperanza que para el desaliento.