El Senado de EE UU propone que sólo se ayude a los toxicómanos en rehabilitación

El Senado norteamericano quiere que los alcohólicos y adictos a drogas no reciban ayudas económicas federales si no están incluidos en algún programa público o privado de rehabilitación. Solamente el 3% de las 250.000 personas que se benefician de esas ayudas está en tratamiento, asegura el senador William S. Cohen, que cree que "hay que evitar que el dinero del Gobierno se gaste en jeringas o en botellas".La propuesta de prohibición es una cláusula del proyecto de ley que convertirá la Administración de la Seguridad Social -equivalente a la beneficencia- en una agencia independiente. El proyecto de ley ha pasado ya al Congreso, donde se debatirá este año. William S. Cohen, el senador republicano por Maine que defendió con éxito la cláusula la pasada semana, dijo que hay tal ausencia de control de gastos en el presupuesto de ayudas de 1.400 millones de dólares (196.000 millones de pesetas) que gran parte de ese dinero llega a narcotraficantes o a consumidores de heroína y cocaína.

Un hombre de California- dijo el senador, sin dar nombres- que recibió 19.000 dólares en pagos atrasados se gastó el dinero en comprar cocaína en Las Vegas. Otro beneficiario de Bakersfield, también en California, murió de sobredosis después de haberse gastado en drogas el dinero de la Seguridad Social. El propietario de una taberna de Denver, siempre según las investigaciones del equipo de Cohen, recibe 160.000 dólares al año en calidad de custodia de clientes alcohólicos. Otros alcohólicos se compran coches con los atrasos que reciben y los estrellan a las pocas semanas conduciendo borrachos.

El senador Cohen llamó la atención sobre el aumento en un 150% de los beneficiarios de ayudas por dependencia de alcohol o drogas -"se ha corrido la voz de que es un dinero fácil", dijo, y propuso que las ayudas se destinaran sólo a aquellos que se sometieran a tratamiento. El dinero, según la cláusula, no pasará por las manos de los enfermos para evitar los abusos, sino que irá directamente a las instituciones públicas o privadas dedicadas a la recuperación, y los programas tendrán un tope máximo de tres años.