El rechazo al decreto de comercio gana aliados
Miguel Ángel Díaz Peña es el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Madrid, un órgano consultivo en el que están presentes representantes de los empresarios, de los trabajadores y de la economía social. El próximo viernes se reunirá en su seno un grupo de trabajo que elaborará el dictamen sobre el borrador de decreto de horarios comerciales que le remitió la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.El presidente del CES, primer representante del Gobierno autónomo en ese organismo, e& partidario de la libertad de horarios comerciales, "mientras no haya argumentos muy claros que justifiquen lo contrario", explica Díaz Peña.
El borrador de la Consejería de Economía limita a ocho el número de días festivos y domingos que podrán abrir los comercios este año. La Comunidad Autónoma legisló en virtud de un decreto ley aprobado por el Congreso de los Diputados y elaborado por el Ministerio de Comercio. Cada una de las partes ya está tomando sus posiciones.
. Para solucionar el conflicto de los horarios comerciales, Díaz Peña plantea tres alternativas: aumentar las competencias de la Comunidad, aprobar una ley en la Asamblea regional sobre el régimen sancionador al decreto o que las partes interesadas se sienten a negociar.
"El Ministerio de Comercio ha ido a resolver el problema de determinadas autonomías y nos lo ha creado en otras que no tenemos competencias", advierte.
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El traspaso de las competencias puede cerrar la polémica, según Díaz Peña
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Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, no confía en que su Gobierno tenga competencias sobre regulación de los horarios comerciales, por lo que van a consultar al Consejo de Estado (máximo órgano consultivo del Gobierno central, presidido por Fernando Ledesma). Leguina lo razona así: "Hay que saber si estamos autorizados a aprobar un decreto de estas características, porque lo que no puede una institución como la Comunidad de Madrid es quedar en mal lugar ante los ciudadanos perdiendo un posterior recurso".
Para el alcalde de Madrid, José *María Álvarez del Manzano, sólo el Gobierno central tiene competencias para legislar sobre el calendario comercial. De parecida opinión es el presidente del Consejo Económico y Social (CES). "El decreto ley produce problemas jurídicos y políticos porque obliga a Madrid a hacer algo que no puede hacer", asegura Díaz Peña.Ridículo social
El decreto de la Comunidad no prevé ninguna sanción. "Se aprobaría un decreto sin capacidad para hacerlo cumplir, lo que llevaría a la Comunidad a hacer un ridículo social espantoso", dice Díaz Peña. Para solucionar el embrollo plantea "reconvertir la norma en una ley que incluya el régimen sancionador, para lo que sería necesario ir a la Asamblea".
Miguel Ángel Díaz Peña -que es inspector de Trabajo y ha sido director general de Empleo de la Comunidad de Madrid- plantea que se amplíen las competencias de la Comunidad y se incluya la del comercio interior. "La solución de fondo es homogeneizar las competencias de todas las autonomías", advierte.
El presidente del CES critica también que ni el decreto ley del Gobierno central ni el borrador de decreto del autonómico "vienen acompañados de una memoria explicativa". Un decreto que limita de 60 a ocho el número de festivos en los que se puede abrir "se debe justificar". En vista de la pobreza de análisis de ambas normas, Díaz Peña ha estudiado el efecto de la libertad de horarios en el empleo del sector de comercio, consagrada por el decreto Boyer de 1985. "Desde 1985, teniendo en cuenta la mejora coyuntural de la economía española, ha habido un crecimiento del empleo. Es más, el gráfico de la evolución del empleo (con datos de la Encuesta de Población Activa) demuestra que desde 1992, mientras el empleo total empieza a caer, en el sector del comercio repunta; porque", continúa Díaz Peña, "si no se justifica, es mejor dejar lo que hay, que no parece desfavorable en términos de empleo".
Otra vía de solución es la del diálogo. El máximo cargo del CES propone dos estilos. El británico -intentando un acuerdo entre empresarios y trabajadores- o el vasco -una negociación entre grandes y pequeños-. También podría negociarse en el seno del Pacto por la Industria.
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