García Vargas quiere modificar la ley para frenar el fuerte aumento de objetores de conciencia

El ministro de Defensa, Julián García Vargas, se declaró ayer partidario de modificar la Ley de Objeción de Conciencia para frenar el espectacular aumento del número de objetores, que en pocos años puede dejar a lasFuerzas Armadas sin reclutas suficientes. "No sería en este momento nada improcedente, sino muy puesto en razón, revisar la ley, porque es la única en Europa que está produciendo problemas. Nuestra regulación tiene algún fallo que no tienen las de otrospaíses", dijo García Vargas, quien admitió que esta opinión quizá no sea compartida por algún otro miembro del Gobierno. El titular de Justicia, Juan Alberto Belloch, anunció ayer en Sevilla un sistema alternativo a la pena de cárcel para los insumisos.

El ministro de Defensa no quiso adelantar en qué sentido debe modificarse la ley de 1984, pero fuentes de su departamento indicaron que cuando se elaboró el texto no se pensaba que el reconocimiento de la objeción fuera prácticamente automático. El Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia admite la mayoría de las solicitudes que se le presentan -el 96%,-. Sólo requiere que el objetor mencione alguna de las causas previstas en la ley (religiosas, éticas u otras), sin mayores explicaciones.La Constitución española ampara en su artículo 30 la objeción de conciencia y establece que "la ley regulará, con las debidas garantías", este derecho. El año pasado fueron 68.209 los jóvenes españoles que solicitaron ser reconocidos como objetores, un 61% más que en 1992. Entre el 1 de enero y el 21 de febrero de este año se han presentado otras 10.782 demandas, lo que hace temer que 1994 pueda concluir con 106.000 nuevos objetores. Esta situación se agrava con el descenso de la natalidad que se registra en España. En 1995 se calcula que habrá 330.000 muchachos con 19 años, edad de incorporación a filas, y en el 2003 serán sólo 220.000.

García Vargas afirmó que el fenómeno de la objeción no es sólo un problema del Gobierno, "sino de todos los españoles", y agregó que el plan de reforma de la prestación sustitutoria, que ultima el Ministerio de Justicia, puede resultar insuficiente si no va acompañado de modificaciones legales y reglamentarias. El ministro realizó estas declaraciones tras reunirse, por espacio de casi cuatro horas, con los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso.

El ministro reprochó al portavoz de Izquierda Unida, Antonio Romero, su voluntad de "agravar el problema" con la proposición de ley de su grupo, en la que se planteaba reducir de 13 a 9 meses la prestación sustitutoria, para igualarla al servicio militar, y aceptar la objeción sobrevenida, la que se alega cuando el recluta ya se ha incorporado a filas. La proposición fue rechazada por la tarde, en el pleno del Congreso, con los votos en contra del PSOE y el PP y el apoyo de IU, Grupo Catalán, PNV, CC y Grupo Mixto.

Paralelamente, el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, anunció ayer en Sevilla que el Gobierno estudia la posibilidad de sustituir en el nuevo Código Penal la pena de cárcel para los insumisos por otra sanción alternativa -la "inhabilitación absoluta" para ejercer cargos o suscribir contratos públicos-.

"El Ministerio de Justicia plantea que la insumisión es delito, pero es posible encontrar sistemas alternativos a la pena privativa de la libertad para el tratamiento de la insumisión", dijo Belloch; informa Raúl Limón. El Código Penal castiga la insumisión con dos años y cuatro meses de cárcel.