Los responsables judiciales de PSV dicen que hay riesgo de una "insolvencia brutal"

"Esto es insostenible, nos vamos quedando sin dinero, no se podrá hacer frente a la próxima nómina [de IGS]; los cooperativistas no pagan; las administraciones se pasan la pelota y si no se actúa con urgencia, vamos hacia una insolvencia brutal". La frase de uno de los responsables judiciales de PSV, ilustra la situación del proyecto dos semanas después, de que el Gobierno decidiera su intervención temporal.

Según la misma fuente, que prefiere guardar el anonimato, el juez José Antonio Enrech, encargado de la supensión de pagos de la cooperativa de viviendas de UGT, solicitó el pasado jueves un memorándum a los interventores y administradores de PSV en el que se detalle la crítica situación del proyecto.Fuentes del juzgado de primera instancia número 63 han confirmado la solicitud del memorándum, que servirá de base a nuevas acciones del juez ante los poderes públicos y las entidades financieras. "Tengo la sensación de que efectivamente, existen dificultades de todo tipo", afirma Evaristo Caparrós, uno de los cuatro administradores nombrados por el juez Enrech el pasado día 11 de febrero. Caparrós reconoce que interventores y administradores están preocupados por la ausencia de medidas concretas que ayuden a salir del túnel a la cooperativa.

Tras la intervención temporal de PSV, decidida por el Gobierno el pasado día 11 de febrero a petición del juez de la suspensión de pagos, el caso PSV continúa en vía muerta. La auditoría encargada por el sindicato UGT a la firma Arthur Andersen es la viga maestra sobre la que diseñar soluciones para el proyecto PSV , que afecta a 13.500 socios de derecho que han desembolsado alrededor de 45.000 millones de pesetas.

Sobre los datos de la firma auditora debe apoyarse el proceso de escisión del proyecto en promociones más reducidas; el desbloqueo de créditos por parte de las entidades financieras; la elaboración del convenio de acreedores y la negociación sobre posibles quitas de deuda.

Cuentas pendientes

Pero las cuentas aún no están elaboradas. "Nosotros aún no las tenemos" afirma el director general de cooperativas, Juan José Barrera, miembro de la comisión interministerial que trabaja en el caso desde noviembre. Lo mismo se asegura en la gestora de la cooperativa, IGS, que preside Prudencio García. "Esperamos tenerlas en breve" asegura un portavoz de la sociedad. Por su parte, la firma de auditoría dijo ayer que las cuentas están "a punto de finalizar" y serán trasladadas "en los próximos días" a los responsables del proyecto.

A la espera de que la auditora Arthur Andersen detalle la situación global de la gestora IGS y de cada promoción de la cooperativa PSV, los responsables judiciales han advertido sobre el deterioro a que se encuentra sometido el proyecto. "No hay dinero", afirman fuentes de la intervención, "podemos perder los solares, debemos dinero al Colegio de Arquitectos, a los Ayuntamientos y nadie hace nada concreto".

Ante esta situación, fuentes del juzgado de primera instancia número 63 de Madrid afirman que el juez de la suspensión estudia plantear nuevas medidas ante el Ministerio de Trabajo, la Comunidad de Madrid y las entidades financieras.

Las nuevas acciones del magistrado Enrech tratarían de transformar en decisiones de salvación concretas las declaraciones genéricas que se han producido en las últimas semanas desde distintos ámbitos como la Comunidad Madrid o el Congreso de los Diputados. Desde la Comunidad de Madrid se ha expresado casi diariamente la voluntad de apoyo al proyecto, previo conocimiento de la situación real de las promociones.

Por su parte, el Congreso de los Diputados, a iniciativa de Izquierda Unida, aprobó una moción el pasado día 23 de febrero en la que instaba al Gobierno a "interesar" a las entidades financieras en la concesión de créditos para Id cooperativa Promoción Social de Viviendas, así como a respaldar un plan de viabilidad que permita construir las viviendas comprometidas.

En las últimas semanas, las actuaciones más concretas en el caso PSV han corrido a cargo de las asociaciones de cooperativistas que han presentado diversas querellas contra los ex responsables de la gestora IGS y de PSV y contra dirigentes del sindicato UGT.