El ministerio público reclama 20 años de cárcel para el presunto asesino de Lucrecia

El guardia civil acusado de matar a la dominicana deberá afrontar también las peticiones de condena de entre 50 y 70 años de prisión. Jaime Sanz de Bremond, representante de la familia de la víctima, y José Luis Galán, que ejerce la acción popular en nombre de Comisiones Obreras y la Asociación contra la Tortura, han entregado ya sus respectivos escritos de acusación en los que reclaman penas que, en cualquier caso, totalizan los 30 años de tiempo máximo de cumplimiento penitenciario.Sanz de Bremond reclama 30 anos de cárcel para Merino por el asesinato de Lucrecia y otros 20 años por el asesinato frustrado de Augusto Vargas, el compañero de alojamiento herido de bala. Para la hija de Lucrecia, Kenia, pide una indemnización de 40 millones además de una pensión mensual de 100.000 pesetas, revalorizable hasta su mayoría de edad. De estas cantidades deberá responder subsidiariamente el Estado. Galán eleva la la petición para Merino a 70 años. Para los acompañantes del guardia civil, Felipe Carlos M. B., Víctor Julián F. R. y Javier Q. M., las peticiones oscilan entre los 30 y los 32 años.

Cinco agravantes

Los abogados consideran que los acusados actuaron con, entre otras, las agravantes de alevosía, premeditación, nocturnidad, cuadrilla y morada oféndida, y aplican la atenuante privilegiada de minoría de edad para los tres amigos del guardia civil.

Ambos letrados recuerdan que el 13 de noviembre de 1992 los procesados, vinculados por ideas y sentimientos racistas, fascistas y de extrema derecha, se reunieron en la plaza de los Cubos y tomaron unas cervezas que en absoluto limitaron sus facultades intelectivas y volitivas". Allí decidieron ir a las ruinas de la discoteca, para "ir a liarla con os negros" y "darles un escarmiento", en referencia a los inmigrantes que residían en el inmueble.

En el camino, una patrulla de la Policía Municipal interceptó el vehículo de Luis Merino, después de que se saltase dos semáforos en rojo, aunque los agentes permitieron que los acusados siguieran su marcha "ante la exhibición por parte de Luis de la tarjeta que le acreditaba como funcionario de la Guardia Civil", según explica José Luis Galán.

Una vez en la discoteca, dos de los menores se cubrieron el rostro con un pasamontañas militar y, armados con el arma reglamentaria del agente, un destornillador de 20 centímetros, una navaja y una barrena en forma de T, irrumpieron en una de las habitaciones del inmueble, en la que en esos momentos cenaban cuatro inmigrantes dominicanos.

Uno de los menores apagó inmediatamente la vela. Luis Merino efectuó tres disparos "con el ánimo inequívoco de causar la muerte a cuantas personas allí se encontrasen", concluye el abogado de la acción popular.