La lentitud de un trámite complejo

La ley de adopción española de 1987 exige a los aspirantes a padres que tengan una edad superior a los 25 años y, al menos, 14 años más que el futuro hijo. No importa si se trata de una persona soltera, viuda o divorciada, o si la pareja aspirante está casada o simplemente convive sin lazos de matrimonio.Las condiciones, aparentemente, son simples, pero el proceso sumerge a los solicitantes en un complejo entramado burocrático. El primer paso es un escrito de ofrecimiento para adoptar o acoger a un menor dirigido al organismo competente de su comunidad autónoma. Junto con la solicitud, la documentación exigida consiste en la certificación literal de inscripción de nacimiento de los solicitantes, certificado de matrimonio o convivencia, certificado de empadronamiento, declaración de la renta y patrimonio de los tres últimos años, declaración jurada de existencia o no de hijos, certificado médico, documento que garantice la cobertura sanitaria del menor, certificado de antecedentes penales, fotocopia del DNI y dos fotografías de carné.

Luego, los aspirantes deberán someterse, al menos, a dos entrevistas con el asistente social, rellenar un amplio cuestionario de preguntas y pasar un periodo de preadopción de un año de duración. Cuando finalmente se promocione la adopción ante el juzgado de familia competente y se inscriba al hijo en el Registro Civil, han podido transcurrir hasta tres años.

Las largas esperas han encaminado a numerosos aspirantes a la búqueda de soluciones no ortodoxas, como es el caso de la pareja enjuiciada en Valencia; de acuerdos más o menos remunerados, a futuras madres de hijos no deseados. O bien, de adopción en otros países. La vía legal a esta modalidad puede ser igualmente compleja y tortuosa que la española. De ahí que haya proliferado la vía irregular de la compra de niños, especialmente en el Tercer Mundo, que alimenta tráficos de mafias internacionales dispuestas á secuestros de niños a padres que nunca pensaron en separarse de ellos.

Los representantes de la Administración española aseguran que las dificultades en la adopción no se deben a los trámites, sino al progresivo descenso del número de bebés en condiciones de ser adoptados.

Sin embargó, según datos del Ministerio de Asuntos Sociales, en 1989 había más de 5.000 parejas esperando un niño. Sólo se formalizaron 1.500 adopciones, a pesar de que había 25.000 niños acogidos en la red de protección. En 1992, unos 14.000 niños permanecían internados en instituciones estatales sin poder encontrar una nueva familia.