El SUP planta cara a la diputada que impidió el registro de la Asamblea

La polémica sobre el registro policial nocturno del pasado 26 de enero a las sedes de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid continúa coleando. Esa inesperada actuación de dos policías, de paisano y sin orden judicial, provocó la reacción de las portavoces del PSOE e IU (la socialista Dolores García Hierro formuló unas declaraciones a EL PAÍS sobre el escaso reciclaje democrático de los policías y sobre los habituales malos tratos a sus mujeres, e Isabel Vilallonga presentó una denuncia en comisaría), originó una aclaración del delegado del Gobierno al presidente del Parlamento y ahora ha obtenido una respuesta del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El secretario de organización del SUP, Modesto Chaves, anunció ayer que su sindicato presentará una querella contra García Hierro si ésta no rectifica.Responsables del SUP, que afirman representar en Madrid al 50% de los 14.000 agentes de la región, se reunieron ayer con el portavoz del PP, Antonio Beteta, que calificó de "graves" las declaraciones de García Hierro. Chaves lamentó la falta de apoyo del jefe superior de policía y del delegado del Gobierno a los agentes y afirmó que éstos ejecutaron una orden de su jefe de sala conocida desde hacía 15 días, que no se dirigieron nunca a la diputada y que fue ésta la que les increpó "como un obús".

El dirigente sindical indicó que los policías realizaron la inspección, como en las otras 40 veces que lo hicieron el año pasado, donde está la Delegación de Trabajo, que recibe constantes amenazas de bomba.

García Hierro no sólo no rectificó, sino que acusó al SUP de buscar publicidad gratuita y ha pedido el amparo jurídico y administrativo de la Asamblea.