Las extrañas amistades judiciales

La suspensión de Blanca Esther Díez, la juez de Marbella (Málaga), acordada el miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a partir de una denuncia interpuesta por un oficial jubilado de los juzgados marbellíes Juan Ramírez Rodríguez, es un mero capítulo de una compleja, tupida y sospechosa historia que documentalmente se remonta al menos al año 1987.En la historia surgen y más tarde reaparecen con una rara constancia nombres vinculados con la judicatura. Dos juzgados, uno en Marbella y otro en Granada, siguen la pista por motivos diferentes a esta supuesta trama de extrañas amistades.

En un informe del entonces inspector del CGPJ Baltasar Garzón Real sobre el Juzgado número 2 de Marbella, redactado tras una visita realizada entre septiembre y octubre de 1987, ya aparecen menciones a "los gravísimos retrasos en la tramitación" y a "enfrentamientos personales". Además, Garzón citaba la "actuación negativa para la Administración de justicia del oficial don Juan Ramírez".

Ese mismo año, Ignacio Sierra, perteneciente a dicho servicio de inspección, recalcaba la falta de "dedicación y laboriosidad" del juez titular, Antonio Alcalá Navarro, hacía partícipe del descontrol al secretario Francisco Navarrete y sugería que se realizara un seguimiento del oficial Ramírez, incurso entonces en un sumario abierto por estafa en el mismo juzgado en que trabajaba.

Fondos ridículos

El acta reflejaba cierta perplejidad por el hecho de que no se utilizaran los "ridículos" fondos del Ministerio de Justicia para las diligencias de calle, que sufragaban los funcionarios "de su peculio particular". Sierra añadía otro dato: en el registro de oficiales de los juzgados no figuraba la fecha de nacimiento del oficial Ramírez. Pero las anomalías se sustanciaron en una única víctima: el juez Alcalá, que fue expedientado.Las actas de aquellas inspecciones aún hoy levantan cierto resquemor, como si existiera miedo por recuperar los antecedentes. Su inclusión en el procedimiento abierto en Granada a raíz de unas declaraciones del ginecólogo malagueño Germán Sáenz de Santamaría sobre la supuesta "mafia judicial" se ha hecho con la oposición de la fiscalía, que primero puso un recurso de reforma y el pasado viernes otro de queja en el que proclamaba la inexistencia de una "trama judicial" en Marbella. Ésta ha sido una de las pocas ocasiones en que el fiscal ha recurrido la pertinencia de una prueba.

La fiscalía también se ha opuesto a que se deduzca testimonio de las diligencias previas 235/93 abiertas por el Juzgado número 7 de Marbella, las referidas a la venta supuestamente. fraudulenta del casino de esta ciudad, y se envíen a Granada. El fiscal se opone porque sólo servirían para "reactivar la presunta corrupción judicial de Marbella en este proceso, cuando es bien sabido que en aquél se ha desmontado la supuesta trama por un auto del juez de instrucción, que ha ceñido los hechos a sus cauces".

Límites procesales

Aunque del anterior comentario parece deducirse que el procedimiento está cerrado, éste aún se encuentra en fase de instrucción. El juez de Granada Miguel Ángel del Arco ha mantenido la prueba y asegura que no tiene intención de extender sus competencias fuera de los límites procesales.Juan Ramírez, encarcelado por la juez Blanca Esther Díez por un procedimiento irregular y luego promotor de la querella que ha acabado con la suspensión de funciones de la magistrada, es un personaje singular. Nadie se explica por qué el CGPJ ha permitido, en contra de las incompatibilidades recogidas en el artículo 393 de la ley orgánica, que una hija suya, Pilar Ramírez Balboteo, ejerza como juez en Marbella pese a que su hermano Juan Carlos figura en la guía del Colegio de Abogados con un despacho abierto en la misma plaza, en la calle de Finlandia, desde el mes de abril de 1989.

La aparición del nombre de José Luis Manzanares, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, durante la investigación de la supuesta venta fraudulenta del casino de Marbella por una empresa en la que figuraba tangencialmente el propio Juan Ramírez añade otro nombre a la historia. Ramírez y Manzanares mantienen desde hace tiempo relaciones de amistad. El segundo tiene una propiedad en Marbella en la que reside temporalmente.

Manzanares ha sido invitado a participar en unas jornadas sobre la Policía Local el próximo mes de marzo en el Ayuntamiento de Marbella. El municipio ha contratado como asesor en asuntos relativos a la policía al ex secretario del Juzgado número 2 de Marbella, Francisco Navarrete, que aparecía en las actas del consejo como uno de los participantes "en la situación de descontrol" detectada en el año 1987.

El casino, cuya venta supuestamente fraudulenta originó el encarcelamiento de Juan Ramírez durante dos meses, aparece de nuevo en la investigación abierta por un juzgado de Granada a raíz de unas manifestaciones del ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría en las que acusaba al fiscal malagueño Gabriel Gómez Ruiz de Almodóvar de amañar juicios para condonar deudas de juego.

En el sumario de Granada consta ya una prueba consistente en una relación de todas las visitas hechas por el fiscal Gabriel Gómez al citado casino "desde tanto tiempo atrás como sea posible". En el documento se contabilizan cerca de doscientas.

Asimismo se ha pedido al juez decano de Marbella, pero aún no se ha recibido, una relación de todos los sumarios y diligencias previas abiertas en los distintos juzgados de la ciudad en los últimos 10 años en las cuales haya intervenido el fiscal junto con varios abogados, entre los que figura Juan Carlos Ramírez Balboteo.

Contra Ramírez existe una fotocopia de una orden de busca y captura dictada por la Interpol por los delitos de falsedad y extorsión que fue presentada y entregada al juez por el ginecólogo Sáenz de Santamaría.