Incertidumbres y perspectivas

Ni por su poderío militar ni por su ideología el movimiento de Chiapas puede triunfar. En cambio, sí puede ensangrentar a esa región, arruinar la economía del país, dividir a las conciencias y, en fin, dar un golpe mortal a nuestro ' incipiente y débil proceso democrático. Pero los hechos sociales, debo repetirlo, son complejos, dobles o triples. Es imposible ignorar la otra faz de la revuelta de Chiapas: las iniquidades que denuncian las comunidades indígenas de Chiapas son bien reales, y justas la mayoría de sus demandas. Por esto sostuve, desde el principio, que "en todoslos casos el Gobierno mexicano debe preferir el diálogo al uso de la fuerza". Pacificar con la razón es mejor que vencer por las armas. Esto es lo que intenta hoy el presidente Salinas. Nombré secretario de Gobernación a un universitario respetado, el jurista Jorge Carpizo; ordenó el cese unilateral del fuego; designé comisionado para la paz y la reconciliación a una personalidad política, el apto y flexible Manuel Camacho, que se ha distinguido por su capacidad de negociador; y pidió al Congreso aprobar una ley de amnistía. La opinión pública ha aplaudido estas medidas.

A nadie se le ocultan las dificultades de la futura negociación. La primera se refiere a los interlocutores: ¿quiénes son? Uno de los misterios de la situación actual (y no es el único) es la identidad de los dirigentes de la revuelta. Hasta ahora se han presentado con nombres ficticios y el rostro cubierto por un pasamontañas. Pronto los conoceremos: no es verosímil que las negociaciones se lleven a cabo entre enmascarados. Aunque es total nuestra ignorancia acerca de sus personas, sabemos por lo menos que la dirección es colectiva. Probablemente está compuesta por dos grupos distintos: los comandantes y los representantes de las comunidades campesinas que forman el movimiento. Estos últimos representan a grupos étnicos muy celosos de su historia y de sus tradiciones particulares. Así, la primera dificultad para entablar el diálogo consiste, por una parte, en la diferencia de objetivos y puntos de vista entre los comandantes y los dirigentes indígenas; por la otra, en la diversidad de móviles e intereses de las distintas comunidades. Cada colectividad humana es el teatro de la lucha entre tendencias, intereses y grupos; el movimiento de Chiapas no es una excepción, y en su seno existen oposiciones y diferencias. Cualquier análisis de la situación debe tener muy en cuenta esta circunstancia.

Seguramente, los dirigentes superarán, en el primer momento de la negociación, sus diferencias y presentarán una lista o pliego de temas, condiciones y demandas. Aquí interviene la gran pregunta: ¿qué puede negociarse? Los dos manifiestos del movimiento se refieren, en primer lugar, a ciertos objetivos nacionales (libertad, democracia) y enseguida a las demandas locales de las comunidades indígenas. Me parece que en el segundo punto el acuerdo puede ser rápido. Es urgente reparar las faltas y omisiones del pasado. Si el Gobierno oye las demandas de las comunidades, como parece que está decidido a hacerlo, se habrá iniciado el proceso de una inmensa reparación histórica. Pero los dos manifiestos contienen también, como ya señalé, un programa político nacional que entraña una verdadera subversión del orden actual: la destitución del Gobierno y el nombramiento de un Gobierno provisional encargado de convocar a nuevas elecciones. Es claro que estas demandas no son ni negociables ni discutibles. Aceptar siquiera su discusión equivaldría a una rendición de facto.

Ignoro cuáles podrían ser las demandas negociables de los insurrectos. Supongo que, si el viejo demonio de la desmesura no los ciega, sus demandas serán más realistas que las que figuran en sus manifiestos y en las declaraciones que han hecho a la prensa varios comandantes, mayores y capitanes. De paso: para ser oficiales de un ejército, esos militares son más bien locuaces y no se recatan en exponer puntos de vista contradictorios. A pesar de esta diferencia de opiniones, en los documentos que han publicado proclaman que luchan por la libertad y la democracia. Me parece que aquí podría encontrarse el comienzo de un entendimiento. Hay un punto en el que coincidimos la gran mayoría de los mexicanos: la aspiración democrática. Ahora bien, al tratar este tema y otros parecidos, el comisionado deberá tener en cuenta un principio de orden general: el movimiento representa únicamente a grupos (¿mayoritarios?) de cuatro municipios de Chiapas. En consecuencia, no es ni puede ser el vocero de una nación de 90 millones de habitantes. La política nacional es un tema que compete a todos los mexicanos y que debemos discutir entre todos. Se trata de un principio básico, de un derecho irrenunciable que debemos defender a toda costa.

En general, las negociaciones de esta índole son largas y con frecuencia duran años. Ejemplos recientes: El Salvador, Guatemala, y en otros continentes, Israel y los palestinos, Gran Bretaña y los católicos irlandeses, el Gobierno español y la ETA. Pero nosotros tendremos elecciones el próximo mes de agosto. La revuelta comenzó precisamente en el momento en que se iniciaba la campana electoral. Esta circunstancia es lo que vuelve angustiosa la situación actual. Nuestra democracia está en pañales y la afean muchos vicios. Unos son imputables a la larga y antinatural hegemonía del PRI; otros son de orden histórico. La democracia, no me cansaré de repetirlo, es ante todo una cultura: algo que se aprende y se practica hasta convertirse en hábito y segunda naturaleza. Algo que todavía no acaban de aprender ni el Gobierno, ni los partidos de oposición, ni la mayoría de nuestros conciudadanos. En nuestro país nadie se resigna a perder. No obstante, a pesar de todos sus defectos, a veces cojeando y otras a trompicones, a gritos y a porrazos, la democracia mexicana comienza a cobrar realidad. La revuelta de Chiapas ha introducido en nuestra vida política el espectro de la ingobernabilidad. Un espectro que podría convocar a otro espectro no menos ominoso: el de la fuerza. En esto reside el peligro de la situación.

Desde su nacimiento como país independiente, México ha estado amenazado por la ingobernabilidad y por su remedio bárbaro: la dictadura. Al presidente Calles se le ocurrio una solución intermedia y en 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario, que hoy se llama PRI. Fue una solución que no era enteramente democrática ni totalmente autoritaria. Para nadie es un secreto que el PRI ha cumplido ya su función estabilizadora y que hoy debe convertirse en un partido como los otros o desaparecer. Vivimos en un periodo de transición hacia la democracia. Por causas que no puedo examinar aquí (he tratado el tema en otros escritos) nuestra transición, al revés de la de España, ha sido demasiado lenta, con muchos tropiezos y recaídas. También con avances innegables. Las condiciones de hoy no son las de hace quince o diez años. De pronto, en el extremo sur, irrumpe la revuelta de Chiapas. Cualquiera que sean las causas que la han originado (y ya dije que algunas son legítimas), su significado es claro: es un regreso al pasado. Abre la puerta al caos que vivieron y sufrieron nuestros padres y nuestros abuelos. Para cerrarle el paso al monstruo doble -el caos y su corolario, la fuerza- el remedio también es doble: la negociación, que debe llevarse a cabo con generosidad, pero asimismo con firmeza, y una acción paralela y pacífica de todos los mexicanos, que asegure el tránsito definitivo hacia la democracia.

Tenemos que proponernos, como meta común, realizar unas elecciones de tal modo limpias que resulten inobjetables para todos. Los otros programas políticos y sociales deberán pasar a segundo plano. Nuestro país es muy viejo y muy joven, es uno y es múltiple. Hoy tiene que reunirse consigo mismo, sin sacrificar a sus tradiciones ni a su diversidad, para dar el salto y penetrar al fin en el mundo moderno. No es el paraíso: es la historia, el lugar de prueba de los hombres y las naciones.