La Generalitat reclama todas las competencias en la gestión de las infraestructuras de Cataluña

La Generalitat es el poder público responsable del territorio catalán y, en consecuencia, debe ser la administración- encargada de actuar Incluso en infraestructuras que la Constitución reserva para el Estado, como son ferrocarriles, puertos, aeropuertos y la red viaria básica. La asunción de estas competencias debería hacerse por la vía de un criterio mucho más flexible por parte del Gobierno de lo que se entiende corno competencias de titularidad estatal para evitar que en el territorio catalán haya "reinos de taifas". Estas propuestas aparecen recogidas en el documento de giro autonómico elaborado por la Presidencia de la Generalitat: y aún sujeto a enmiendas, cuyo contenido ha sido conocido por EL PAÍS.

El documento persigue la asunción por parte de la Generalitat de todo el poder ejecutivo en Cataluña y una relación directa con la Corona, propugna el uso del catalán de modo exclusivo o preferente en todas las administraciones públicas y aboga por la progresiva conversión de la policía autonómica como cuerpo responsable de la seguridad en la comunidad autónoma [véase EL PAÍS del 7 y 8 de febrero].La anunciada entrevista entre Felipe González y Jordi Pujol, que, aún no tiene una fecha pero que había sido pronosticada para principios de febrero, deberá marcar, a juicio de Pujol, la disposición del Gobierno a corregir la política autonómica practicada desde 1982. Fuentes del palacio de la Moncloa expresaron ayer su malestar por -el contenido del documento y consideraron que sería "poco conveniente" que el encuentro entre González y Pujol se celebre "antes de que amaine" la tormenta que han provocado algunos aspectos del texto elaborado por la Presidencia de la Generalitat.

La Generalitat sostiene que en el desarrollo de los preceptos constitucionales y estatutarios caben soluciones diferentes a las aplicadas hasta hoy, que elevarían el nivel competencial de Cataluña. En consecuencia, no se trata de situarse fuera de la Constitución y el Estatuto, sino de aprovechar al máximo las formulaciones genéricas de los dos textos fundamentales. Aceptándolos, "prácticamente se puede decir que todo vale" y que no hay límites. insalvables, reflexionan los autores del documento.

Al ser la Administración autonómica la ejecutiva ordinaria del Estado, la Generalitat reclama la supresión de los gobiernos civiles, ya que representan a las estructuras periféricas más significativas de "la organización centralista del Estado", y una revisión del papel del delegado del Gobierno, cuyas funciones quedarían reducidas a la simple interrelación política entre las dos administraciones.

La supresión de los gobiernos civiles sólo interesa a los nacionalistas catalanes si sus funciones son transferidas o delegadas a la Generalitat, aunque sea en un periodo de tiempo más o menos largo. El Gobierno catalán considera inaceptable el simple hecho de dejar vacantes los gobiernos civiles catalanes y que sus funciones sean asumidas por. el delegado del Gobierno.

Las decisiones comunitarias

En la elaboración de las decisiones comunitarias, la Generalitat pide intervenir mediante su implicación desde el mismo momento en que se elaboran las propuestas de la delegación española. La Administración central no sólo ha de tener en cuenta la opinión de las comunidades autónomas al adoptar la posición española, sino que está obligada a dar cuenta del desarrollo del proceso.

Además de esta medida amplia que afecta a todas las comunidades y que tendría un carácter generalista, se aboga por una relación bilateral entre el Estado y la Generalitat que podría pasar por la creación de una comisión mixta. También por la corrección de una serie de sistemas de actuación que han desembocado en un proceso de recuperación de competencias. - La Generalitat sostiene que en materia de puertos y aeropuertos no se ha aplicado correctamente el artículo 11 punto 8 del Estatuto de Autonomía, que establece que corresponde a la Administración autonómica la ejecución de la legislación del Estado en. "puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve la gestión directa". Lo mismo sucede con la ordenación del litoral catalán, aspecto en el que se sugiere la necesidad de reducir las competencias de la Administración central y de que la Generalitat recupere la filosofia de los decretos de traspasos de 1981, vulnerados posteriormente con la Ley de Costas.

El documento de giro autonómico pide el retorno a las competencias plenas en materia de enseñanza para recuperar el planteamiento estatutario y poder realizar una política educativa propia. La entrada en vigor de la LODE y de la LOGSE, asegura el documento, han maniatado a la Generalitat e impedido realizar una política autónoma, con lo que las competencias en materia de enseñanza han quedado reducidas a la administración y gestión de centros, como si se tratara de una atribución meramente ejecutiva de las normas estatales.