La Guardia Civil marginó e ignoró al juez del 'caso Nigrán'

La Guardia Civil impidió "una eficaz actuación judicial" en el cuádruple asesinato de Nigrán (Pontevedra) y no facilitó información al juez de guardia, al que sustituyó en el levantamiento de los cuatro cadáveres, entre otras irregularidades denunciadas por el Tribunal Superior de Galicia al presidente del Poder Judicial, Pascual Sala. El presidente del máximo tribunal gallego, José Ramón Vázquez Sandes, ha pedido a Sala que traslade su queja al ministro del Interior, Antoni Asunción.El magistrado Vázquez Sandes recuerda que tras la matanza se personaron en el lugar del crimen "fuerzas de la Guardia Civil, al mando de dos capitanes", que ordenaron el traslado de los cuatro cadáveres. "La pasividad de aquellos miembros de la Guardia Civil" relata, "para poner los hechos en conocimiento del juez de guardia (...), motivó que éste no llegara a tener noticia de ellos hasta después de las tres de la tarde".

Añade que el juez de guardia, Celso Rodríguez Padrón, ante "lo alarmante de los hechos", telefoneó a "diversas dependencias de la Guardia Civil, sin que ninguna de sus llamadas fuera atendida".

Situación anómala

El juez de guardia "logró mínimos detalles" de las policías local y gubernativa. En la casa de Nigrán, Vázquez encontró, "una situación ciertamente anómala: no se aisló ni precintó la casa, se trasladaron los cadáveres, se recogieron casquillos de bala y se impidió con todo ello una eficaz actuación judicial".

Por otro lado, Manuel Tuero, abogado de Laureano Oubiña y Esther Lago, dos de los principales implicados en el juicio de la Operación Nécora, declaró ayer a la agencia Efe que el tribunal ha ordenado a la policía que monte un dispositivo de vigilancia y protección de la familia de ambos. Según Tuero, el teniente fiscal antidroga, Javier Zaragoza, ha realizado una gestión con la policía "que parece que ha acordado" montar dicho dispositivo.

El abogado indicó que se decidió dar vigilancia a la familia del matrimonio después de que éste se reuniera el pasado miércoles con los tres magistrados de la Audiencia Nacional que forman el tribunal. Esta medida de precaución responde al supuesto ofrecimiento que el presunto cerebro de la matanza de Nigrán, Manuel Lorenzo Vázquez, hizo a Esther Lago para asesinar a cambio de dinero a Ricardo Portabales, pieza clave en el maxiproceso contra el narcotráfico gallego.

Mientras, el policía Manuel Lorenzo, ha negado en todo momento ser el autor de las muertes, aunque el otro detenido, Jesús Vela, le responsabiliza de los cuatro asesinatos, según se indica en el sumario, que hasta ayer era secreto. El abogado de Lorenzo indicó a Efe que hasta que no se conozcan las pruebas balísticas y el análisis de las huellas no se podrá establecer la acusación. Además, considera que los hijos del industrial difícilmente pueden incriminar a los policías porque no estaban presentes cuando ocurrieron los hechos.