UGT saneó sus finanzas con centenares de millones derivados de su participación en PSV
Personas que han pertenecido al equipo directivo de PSV o de IGS (Iniciativas de Gestión y Servicios, la empresa madre del grupo ligado a UGT), opinan que, cuando en 1988 se creó la cooperativa de viviendas, el sindicato socialista entró de lleno en el proyecto para favorecer la adquisición de viviendas por parte de los trabajadores, pero también porque veía en el mismo un mecanismo lícito de captación de fondos en un momento delicado para la contabilidad de UGT .Hay algunos ejemplos concretos, y otros menos claros, en los que se basa esa captación de fondos de los cooperativistas por parte de UGT. La clave está en la actuación de IGS, grupo participado entonces por UGT con un 47% (100% desde octubre pasado) y el resto por un grupo en cabezado por Carlos Sotos -ex presidente de IGS y ex gerente de PSV-, en el que casi la totalidad de los ingresos corresponden a las aportaciones de los 20.000 cooperativistas de PSV.
Un 'peso muerto'
Así, IGS compré a UGT en 1991 la aseguradora Unial. La sociedad, como luego se demostró, era un peso muerto. Ese mismo año arrojó 484 millones de pérdidas. Al año siguiente, bajo la atenta mirada de la Dirección de Seguros que obligó a reintepretar operaciones, las pérdidas alcanzaron los 2.800 millones de pesetas. Según fuentes de UGT, IGS pagó alrededor de 900 millones de pesetas por la compra de la aseguradora, que ha seguido perdiendo fuertes cantidades de dinero hasta que el año pasado inició su proceso de liquidación bajo la supervisión de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA). Hay que tener en cuenta que las aportaciones de los cooperativistas estaban aseguradas por la póliza correspondiente con Unial.
No sólo la operación de venta de Unial por parte de UGT ha arrojado sombras sobre el beneficio que ha podido aportar para el sindicato. El 26 de noviembre del año pasado, José Hernández Martínez, secretario de la sección de UGT en Unial, dirigió una carta al líder del sindicato, Nicolás Redondo, en la que, tras hacerse eco de algunas noticias según las cuales Unial concedió a UGT un préstamo de 900 millones de pesetas, le decía textualmente: "¿Es posible que Ignacio López (yerno de Redondo) sustituyese en la dirección de la empresa, en calidad de consejero delegado, a un destacado profesional del sector de seguros, como es Gerardo Urchaga, porque éste se negaba a destinar fondos de Unial para sufragar los gastos de las elecciones sindicales de 1990?" "Si ello fuera cierto", añade la carta, "en nuestro país eso se llama ordeñar la ternera antes de llegar a vaca".
Y agrega Hernández Martínez en su misiva: "En vez de capitalizar Unial para hacer más operativa, más competitiva y con recursos económicos saneados, puede parecer que os habéis dedicado a retirar fondos de Unial para UGT y para IGS-PSY'. Otro ejemplo concreto es la empresa de viajes Libertur, igualmente vendida en 1991 por UGT a IGS cuando la sociedad contabilizaba unas pérdidas de 148,6 millones de pesetas, carga de la que también se liberó el sindicato. En 1992, las pérdidas acumuladas por la agencia de viajes, que pasó a llamarse Club IGS Viajes, ascendían ya a 199 millones, según la correspondiente auditoría.
Un tercer caso claro, aunque menor, lo constituye la empresa Tipografía Torreblanca, igualmente adquirida en 1991 por IGS a UGT cuando la sociedad tenía unas pérdidas de 2,9 millones de pesetas.
Hay otros conceptos de los que UGT ha obtenido fondos a través de actuaciones que nadie califica de ilícitas, pero que han supuesto inyecciones económicas en el sindicato. Uno de ellos es el reparto de beneficios de dudoso respaldo contable.
En 1991, IGS declaró unos beneficios de 366 millones de pesetas y, en 1992, de 105 millones. Esta última cifra, fruto de una operación interna de compra venta de inmuebles, fue cuestionada por la auditoría de Ernest & Young. El 47% de esas cantidades, teóricamente, correspondió a UGT.
Además, y desde la creación de PSV, UGT ha venido cobrando cantidades indeterminadas como compensación por los servicios que ha prestado el sindicato en favor de la cooperativa: cesión de algunos de sus locales a técnicos de IGS-PSV, labores de información y promoción desde las sedes sindicales...
Nadie aporta cantidades concretas sobre estos cobros. Como tampoco nadie -ni desde IGS ni desde UGT- pone números al hablar de una cuenta-enlace entre UGT y la promotora de viviendas, cuya existencia, al menos hasta 1990, reconoce el sindicato. Ni siquiera concretan si esa cuenta se utilizaba para el cobro de esos servicios u otros fines.
Este informe ha sido elaborado por los miembros del Equipo de Investigación Santiago Carear, Carlos Yárnoz y José Yoldi.
Trasvase de edificios
Un capítulo que supuestamente ha beneficiado a UGT es el trasvase de edificios. El más importante está situado en el número 88 de la calle Hortaleza, en Madrid, actual sede de UGT. Se trata de un antiguo convento que compró en 1987 por 130 millones la sociedad ICR, controlada por Carlos Sotos. El edificio se traspasó por el mismo dinero a UGT, que solicitó un crédito de 300 millones al BCH para rehabilitarlo. En 1989, UGT obtuvo otro crédito de 1.000 millones de Banesto hipotecando el edificio. En 1992, IGS volvió a comprar a UGT el edificio por 1.600 millones (más de 12 veces el importe inicial), prestados también por Banesto. UGT, por supuesto, canceló el primer préstamo de 1.000 millones. UGT asegura que el precio de venta a IGS fue inferior en 400 millones a la tasación realizada por una prestigiosa compañía.Desde UGT, se niega rotundamente que se haya producido cualquier "trasvase irregular" de fondos hacia el sindicato. Como prueba final, destacan que el pasado 24 de diciembre el propio sindicato tuvo que aportar 9.200 millones a IGS para sanear la sociedad, asumiendo el pago al Instituto de Crédito Oficial de sendos préstamos de 8.000 y 1.200 millones. UGT, afirman sus dirigentes "ha comprometido todo su patrimonio presente y futuro para garantizar el buen fin de PSV". Al hablar del patrimonio futuro, explican que el Gobierno ya ha reconocido que aún debe devolver al sindicato parte de su patrimonio histórico. ¿Por qué valor? Según UGT, por 17.000 millones.
"Aquí nos ha engañado todo el mundo "
La sede de UGT es la imagen de la desesperación. El sindicato UGT se embarcó en 1988 en el mayor proyecto inmobiliario de España y la operación puede constituir hoy su tumba. Antón Saracíbar, secretario de Organización del sindicato, no puede ser más explícito: "Aquí nos ha engañado todo el mundo". Su propia secretaria, Tina, lo sufre más directamente. Ella ha depositado ya 5,8 millones como cooperativista de la promoción de Valdebernardo (Madrid), y aún no ha visto un ladrillo en la zona. Otros dirigentes del sindicato, como Manuel Garnacho, secretario de la Federación de la Construcción, ha tenido mejor suerte y ya tiene su chalé adosado correspondiente a la promoción de Tres Cantos (Madrid). Pese a todo, no duda en reconocer que el fiasco de la PSV ha "herido de muerte" al sindicato.Desastrosa gestión
Ningún dirigente de UGT elude admitir la grave responsabilidad que achacan a una desastrosa gestión de la cooperativa. "Incluso hoy la información que tenemos es incompleta y a veces contradictoria", admi Saracíbar. Pero a renglón seguido, tanto él como Sebastián Reyna, secretario de Administración de UGT, apuntan otras dos razones del desastre: las zancadillas que pusieron a PSV las constructoras privadas y quienes no querían ver un sindicato potente, y el escaso apoyo del Gobierno.
En este segundo terreno, destacan el bloqueo de créditos que han sufrido por parte de la banca pública o semipública, así como el escaso apoyo recibido desde el Gobierno. El pasado 22 de diciembre, una comisión de UGT -Nicolás Redondo, Reyna y Saracíbar- se entrevistaron en Moncloa con Felipe González y Narcís Serra y les reclamaron ayuda. "Los créditos siguen hoy bloqueados", dice Saracíbar.
Para otros ex directivos de PSV, la clave política -al margen incluso de la coincidencia con la huelga general- hay que encontrarla en la guerra que ha tenido como protagonistas al presidente y vicepresidente del Gobierno, al ex ministra Nicolás Redondo, y a los presidentes de Argentaria y del Banco Hipotecario Francisco Luzón y Julio Rodríguez. Hoy, toda la esperanza de UGT se basa en la intervención.
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