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El Gobierno cederá competencias exclusivas del Estado a cuatro comunidades autónomas

Luis R. Aizpeolea

Felipe González quiere culminar el proceso autonómico. Para ello ha dado luz verde al Gobierno para delegar competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas de vía rápida (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía). Esta decisión se une al estudio de un plan para articular la representación de las autonomías en las instituciones de la Unión Europea, una reclamación planteada hace pocas semanas por el Gobierno vasco y cuyo conocimiento originó un escándalo. Entre las competencias exclusivas del Estado delegables figuran los puertos, aeropuertos, costas, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Empleo (Inem).

Esta decisión se adoptará una vez que, antes de un mes, se haya reunido la Comisión Delegada de Asuntos Autonómicos, una especie de pequeño Consejo de Ministros que preside el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y al que acuden los titulares de las carteras afectadas por cuestiones territoriales. La comisión estudiará un informe en el que se ordenan las competencias del Estado en tres grupos: las transferibles, las intransferibles porque afectan al corazón del Estado y las que, siendo exclusivas del Estado, son transferibles por delegación.A esta decisión de González responde la ronda de conversaciones que ha abierto con los presidentes autonómicos de las comunidades de vía rápida, reguladas por el artículo 151 de la Constitución. En las últimas dos semanas han pasado por La Moncloa, para entrevistarse con González, los presidentes de Andalucía, Manuel Chaves, y de Galicia, Manuel Fraga, mientras el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, lo hacía con Narcís Serra. En los próximos días, González. se entrevistará con el presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol.

Todos los presidentes autonómicos han reclamado al jefe del Gobierno paquetes de transferencias que en unos casos aparecen claramente establecidos en sus estatutos de autonomía y en otros desbordan sus límites. Por ejemplo, entre las transferencias reclamadas por la Xunta de Galicia figuran los puertos, que es una competencia exclusiva del Estado. Otro tanto sucede con algunas de las 54 competencias recogidas en el paquete reclamado por el Gobierno vasco. Tal es el caso de los aeropuertos.

Reclamaciones

La Comisión Delegada de Asuntos Autonómicos decidirá, a partir de estas reclamaciones, qué competencias son fácilmente transferibles, cuáles son intransferibles y las que pueden delegarse. A este fin, el Gobierno utilizará el mecanismo del artículo 150.2 de la Constitución, que permite delegar competencias exclusivas del Estado a las comunidades. Entre las competencias exclusivas del Estado que pueden delegarse figuran la gestión del régimen económico de la Seguridad Social; los puertos, aeropuertos y costas, y la ordenación de la pesca, entre las más significativas. Con ello podría satisfacer numerosas reclamaciones de gobiernos autónomos como los de Andalucía, Galicia y Cataluña.

El Estado, sin embargo, se reservará otras competencias como las relaciones exteriores, la defensa, la administración de la justicia, la hacienda general y el sistema monetario. También se reserva algunas de las competencias reclamadas por algunos gobiernos autónomos, especialmente el vasco. Es el caso de materias como el Instituto de Crédito Oficial. Las fuentes consultadas creen probable que el Gobierno, una vez estudiadas las transferencias, prepare un paquete común de competencias delegables para todas las comunidades de vía rápida.

[El lehendakari, José Antonio Ardanza, indicó ayer que la última propuesta de transferencias del Gobierno no es una oferta como tal, sino "una propuesta para empezar a hablar de este asunto después de 14 años"; lo que, dijo, "es una especie de tomadura de pelo"]

Entre el equilibrio y la singularidad

El Gobierno pretende moverse en el juego complicado del equilibrio y la singularidad. La anunciada propuesta de giro autonómico para Cataluña que Jordi Pujol tratará de formalizar en los próximos días se va a encontrar inmersa en un impulso general izado del Gobierno para las cuatro comunidades de vía rápida: Euskadi, Galicia, Andalucía y la propia Cataluña.Con esta maniobra, el Gobierno consigue un objetivo equilibrador: trata de dejar claro a la opinión que no hay una cesión a la Generalitat, sino el cumplimiento de un compromiso electoral en el que participan otras tres comunidades. Las reclamaciones de Pujol no son muy diferentes de las de Chaves o las de Fraga. Las más diferenciadas son las vascas, que en algunos casos desbordan los límites a los que está dispuesto el Ejecutivo.

Además, el uso por el Gobierno, por vez primera de forma generalizada, del procedimiento del artículo 150.2 de la Constitución le da un timbre de clara decisión política.

El efecto equilibrador pretende combinarlo el Gobierno con un tratamiento bilateral con las autonomías para atender sus singularidades. La ponencia marco del PSOE para su Congreso deja claro que algunas comunidades siempre tendrán singularidades. Es el caso de éstas el que ahora pretende negociar el Estado.

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