La rebelión judicial se diluye en una cuestión técnica

La rebelión de 16 magistrados del Tribunal Supremo, que apelan al poder moderador del Rey frente a lo que consideran una invasión del Tribunal Constitucional en sus competencias, perdió ayer dramatismo y se recondujo hacia una cuestión de técnica jurídica. En ella, la función constitucional del Monarca poco o nada puede hacer, según la gran mayoría de las fuentes consultadas. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala, tras visitar ayer a don Juan Carlos acompañando a una promoción de jueces, reconoció que el conflicto es "un problema de delimitación de competencias" que requiere "un periodo de reflexión" y tomar decisiones técnico-jurídicas que serán de interés para ambos tribunales.

La apelación que los magistrados hicieron al Rey aumentó la dimensión del conflicto, que sus propios promotores -los miembros de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo- consideraron ayer que había tenido "excesiva repercusión".Otros magistrados, como el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Ramón Rodríguez Arribas, consideró que tal apelación había producido el "efecto benéfico" de que todos se pronunciaran sobre la cuestión "con prudencia".

Por el momento, el memorándum de queja no ha sido remitido al monarca. Está prevista una reunión el jueves próximo para elaborarla, pero es probable que, una vez llamada la atención sobre el asunto, se reconduzca a un escrito a Sala y un análisis del problema por la sala de gobierno del Supremo, que muchos juristas consideran competente.

Los miembros del Gobierno declinaron pronunciarse sobre el asunto. El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba invocó incluso su "tozudez" para negarse a contestar a las preguntas de los periodistas.

Prudencia en la Casa Real

Asunción Valdés, portavoz de la Casa Real, insistió ayer en que no se pronunciará sobre el tema hasta que el Rey reciba el memorándum anunciado. "Se estudiará adecuadamente y se procederá de la forma en que se estime conveniente", afirmó.

El único precedente similar, aunque no igual, se produjo en 1985, cuando la APM envió un escrito al Monarca protestando por la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El Rey respondió a la asociación de jueces dándose por enterado del escrito.

El origen del actual conflicto es la sentencia del Constitucional que anuló una dictada por la Sala de lo Civil del Supremo y, en cambio, declaró firme la sentencia de la Audiencia de Madrid que declaró padre a un piloto que se había negado a la prueba biológica de investigación de la paternidad porque estimaba que atentaba contra su intimidad.

El malestar de los magistrados del Supremo no proviene tanto de la anulación como de la declaración como firme de una sentencia de un órgano inferior, que convierte al Constitucional en un tribunal de casación.

El catedrático de Derecho Constitucional y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, aseguró ayer que el alto tribunal "no se ha extralimitado" y recordó que, en materia de derechos fundamentales, "el Constitucional es supremo".

Otras fuentes jurídicas mostraron su extrañeza porque el conflicto se haya planteado precisamente con ocasión de una sentencia sobre investigación de la paternidad, materia en la que la Constitución de 1978 dio un vuelco sobre la vieja legislación civil que la impedía. Fuentes jurídicas resaltaban ayer que el Código Civil preconstitucional justificaba que se impidiera investigar la paternidad de los hijos para "evitar que las mujeres solteras pudieran elegir como padres de sus hijos a los más ricos de cuantos las frecuentaban".

Sala reconoció ayer, tras acompañar en su visita al Rey a la XVI promoción de la Escuela Judicial en sus bodas de plata, que el conflicto entre el Supremo y el Constitucional es "un problema de delimitación técnico jurídica, de competencias". Aseguró que es un tema "siempre candente y vivo, tanto para el Tribunal Constitucional como para el propio Tribunal Supremo y para la jurisdicción ordinaria".

Sala anunció que, "como tal problema técnico jurídico será abordado". Tras haber comentado informalmente la cuestión con don Juan Carlos, Sala señaló que se necesita "un periodo de reflexión, un estudio e incluso mi propia capacidad de decisión".

En el Parlamento, junto a la sorpresa producida en todas las formaciones políticas por la utilización de la apelación al Rey, fue abriéndose camino también la solución técnico-jurídica por vía legislativa. A los 15 años de aprobada la Constitución, sigue sin desarrollarse el articulo 53.2 en lo que se refiere al recurso de amparo judicial, que permitiría liberar de trabajo al Constitucional.

Uno de los ponentes de la Constitución, Manuel Fraga, consideró que una sala del Supremo debería ser competente en materia de amparo de derechos fundamentales, si bien esta medida requeriría una reforma constitucional.