Máximo y óptimo

TODOS LOS políticos serios dicen que lo prioritario es hacer frente a la crisis económica, sobre todo al de sempleo, y que para ello es decisiva la contención del déficit público, el estímulo de las inversiones productivas y otra serie de recetas; pero en cuanto esos mis mos políticos se visten la camiseta de la autonomía a la que pertenecen -grande o pequeña, histórica o de nueva planta-, se olvidan de aquella prioridad y ponen en primer plano asuntos que nada tienen que ver con ella, como la titularidad de la competencia sobre tal o cual asunto. La coartada es que si su comunidad no hace todo lo que quisiera contra la crisis es porque carece de las facultades imprescindibles; de esta manera, las reivindicaciones de nuevas competencias se convierten con frecuencia en tapadera para disimular la propia incompetencia.El camino de generalización autonómica elegido por la Constitución fue discutido desde sus inicios. Se dijo que la generalización a todo el territorio de un modelo de autogobiemo al que en realidad sólo aspiraban los ciudadanos vascos y catalanes suponía estimular una artificial dinámica de emulación y rivalidad entre las comunidades. Es probable; pero es seguro que la opción alternativa, un Estado con sólo dos autonomías y el resto uniforme, habría desatado una escalada no menor de agravios comparativos, con el añadido de la ausencia de una estructura institucional capaz de canalizarla.

En todo caso, una vez culminada la equiparación competencial básica, a través del pacto autonómico y la consiguiente reforma de los estatutos de la llamada vía lenta, el Estado autonómico ha llegado, a una encrucijada. Las comunidades con fuerte presencia nacionalista consideran que el hecho diferencial exige ahora nuevos pasos competenciales que vuelvan a singularizar sus territorios respecto a los demás. El giro autonómico reclamado por Pujol obedece a esa inquietud. Pero los conatos de avance en tal sentido, como pudo ser la participación en la fiscalidad directa -el famoso 15%-, fueron seguidos por una avalancha de nuevas exigencias, de muy diversa naturaleza, por parte de las demás autonomías: las de régimen común, como Aragón, pero también las de régimen especial, como Andalucía, e incluso las que disponen de un régimen hacendístico singular, como Navarra y el País Vasco. En ello estamos ahora.

Si se trata de una cuestión de pundonor -no ser menos que nadie-, va a ser imposible una discusión en términos racionales. Las diferencias entre unas y otra! autonomías (si se quiere, entre nacionalidades y regiones) se manifestarán, sobre todo, en la mayor o menor incidencia electoral de las opciones nacionalistas. Ése es el más significativo hecho diferencial de Cataluña y el País Vasco: que allí las elecciones las suelen ganar CiU y PNV, respectivamente. Ello se traduce en una política -unas prioridades en el gasto- más favorable a los planteamientos nacionalistas.

Lo que no es lógico es buscar la afirmación de la propia personalidad no en las facultades consideradas necesarias o convenientes en un momento dado, sino en la exigencia de un grado superior (de competencias) al resto. Por lo mismo, tampoco es coherente que las autonomías de régimen común busquen la reafirmación de su vacilante identidad reclamando no en función de sus propias necesidades, sino por el principio de no tener menos competencias que el vecino. Ese equívoco proviene de la lamentable confusión, alimentada por algunos entusiastas patriotas de nuevo cuño, entre grado máximo y grado óptimo de autonomía de cada territorio. Pero no siempre lo uno equivale a lo otro.

Se trata, por lo demás, de un empeño que únicamente inquieta a los políticos: a la gente le preocupa mucho más la eficacia con que se preste un servicio que la titularidad del mismo. Y ve con desconfianza el descontrol del gasto producido en la mayoría de las autonomías: la incesante adquisición de inmuebles, la creación de burocracias clientelistas o el recurso a carísimas asesorías ex temas son males que favorecen la desconfianza en ese afán expansionista de las comunidades en materia competencial. Además, es absurdo suponer que la gente vaya a juzgar a sus administraciones por las nuevas competencias adquiridas antes que por la eficacia de mostrada en la gestión de las que ya tienen.