Un alto ejecutivo pinchó el teléfono a tres empleados para poder echarlos
Al alto ejecutivo Gonzalo Tejerina le salió el tiro por la culata, y sin embargo no le dio. Quería despedir a tres empleados de su empresa y les pinchó los teléfonos de sus oficinas para demostrar su infidelidad. Llevó las grabaciones al juzgado de lo social y el juez se echó las manos a la cabeza: la prueba aportada se había obtenido ilegalmente. Por eso, el juez de lo social envió las grabaciones a un juzgado de lo penal, que finalmente absolvió al acusador acusado por "ingenuidad" y por haber creído "que obraba lícitamente". La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero siempre hay matices.Así pues, Tejerina, consejero de la empresa Utisan, SA, fue absuelto del delito de revelación de secretos.
Los teléfonos de los tres empleados estuvieron intervenidos durante 14 días. El objetivo de Tejerina era grabar las supuestas conspiraciones de estos empleados y presentarlas como prueba en el Juzgado de lo Social número 20 de Madrid, para justificar así ante el juez los tres despidos.
La idea de pinchar los teléfonos le fue sugerida por un detective privado, "y al parecer", explica el juez en su fallo, "con el visto bueno de la casa matriz". Utisan, SA, dedicada a la venta de material eléctrico industrial, pertenece a la multinacional francesa CDM, según indicaron ayer fuentes de esta empresa.
La operación de las escuchas ilegales se descubrió en el Juzgado de lo Social número 20. Durante el juicio, el alto ejecutivo aportó las conversaciones privadas ante el asombro del juez y del fiscal. El magistrado desestimó las escuchas como medio de prueba y decretó improcedentes los despidos. Si quería despedirlos, tenía que indemnizarlos. Al final, los trabajadores se fueron a otra empresa.
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El fiscal pidió cuatro meses de prisión para el ejecutivo
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En el juicio por estas escuchas clandestinas, celebrado el pasado mes de diciembre, el fiscal pidió que se impusiera a Gonzalo Tejerina una condena de cuatro meses y un día de cárcel. El abogado de los tres empleados reclamó, por su lado, que la pena fuese de seis meses de arresto mayor y una multa de dos millones de pesetas. Los trabajadores cuyos teléfonos estuvieron intervenidos desde el 13 hasta el 27 de mayo de 1991 son Faustino M. LI., Casimiro C. C. y Juan M. R. C.
Reconoce el juez que ha absuelto a Tejerina que los hechos constituyen un delito de revelación de secreto, pero justifica su absolución en varios puntos: la decisión de pinchar los teléfonos contó "probablemente con el beneplácito" de la empresa matriz, y su finalidad era descubrir "maniobras desleales, que, luego, gracias al fondo de comercio que manejaban", redacta el juez textualmente, "podían competir en la misma rama negocial -pero en otra firma- con resultados ruinosos" para la empresa. Es decir, temía que utilizasen su experiencia profesional y montaran otra empresa de electricidad, llevándose a los clientes.
Aunque la ignoracia de la ley no exime de su cumplimiento, el magistrado alega que se puede aplicar a la conducta de Tejerina la denominada eximente de "error de prohibición invencible del artículo 6 del Código Penal". O sea, que el alto ejecutivo no podía saber de ninguna forma que lo que hacía era delictivo.
Hasta su absolución, Tejerina ha estado en libertad provisional. Poco después de este escándalo, la multinacional francesa decidió apartarle de su puesto en España. En la actualidad desempeña otra labor, ejecutiva en la sede central de la empresa, en París, según explicaron ayer fuentes de Utisan. "Aunque tiene apellidos españoles, es francés", aclararon.
Empresa paralela
Según estos medios, Tejerina optó por interceptar las conversaciones de estos trabajadores convencido de que planeaban abandonar la empresa -400 trabajadores en toda España- y crear otra. "De hecho, al final se han ido y trabajan en otro almacén de electricidad para el anterior dueño de Utisan, que fue quien vendió Utisan a la multinacional francesa".
"Los tres empleados ocupaban puestos de responsabilidad: Casimiro era jefe de almacén; Juan Manuel, responsable de una de las tiendas de esta firma, y Faustino, delegado de una sucursal de Torrejón", explican estos medios.
Casimiro C., uno de los trabajadores objeto de las escuchas, expresó ayer su enfado por la sentencia. Indicó que prefería no hacer ninguna declaración para olvidar cuanto antes "todo lo ocurrido en el anterior empleo", aunque recordó que el juez había declarado improcedentes los despidos. "Al final nos marchamos, con una pequeña indemnización, porque ya poco futuro nos quedaba en esa empresa", dijo.
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