El juez de PSV levantará la suspensión de pagos si el Gobierno no interviene
El juez encargado de PSV levantará la suspensión de pagos de la cooperativa "si no se posibilita un fluido funcionamiento del procedimiento". Tal levantamiento, según el interventor de los cooperativistas, Tomás, Arrieta, "abriría la puerta a la quiebra de PSV y al desastre". En declaraciones a EL PAÍS, el juez José Antonio Enrech califica su petición de intervención al Gobierno, como "una dramática llamada de auxilio" ante la situación en que ha encontrado la cooperativa de viviendas de UGT.
"PSV", afirma el juez, "carece de administración, de soporte funcionarial y de establecimiento administrativo. Mis interventores no saben con quién conectar y, pásmese, ni siquiera pueden acceder al soporte informático, que también es lo fundamental de IGS. Tienen dificultades, incluso, para saber quiénes son socios y sus aportaciones o saldos".Según el juez, la suspensión de pagos de PSV se admitió en el mes de diciembre "obviando ciertos requisitos iniciales, no esenciales, pero que existían".
Entre esos requisitos se encontraba la preceptiva ratificación de la suspensión por parte de los socios cooperativistas en un plazo determinado, que ha prorrogado. Ante las evidentes dificultades para convocar a los socios a una asamblea, el juez "flexibilizó la exigencia".
Pero quiere que se cumpla y de ahí lo que califica de "exposición" al Ministerio de Trabajo, que dirige José Antonio Griñán, para que tome cartas en el asunto, intervenga, y facilite el procedimiento judicial. "Si no se posibilita un fluido funcionamiento del procedimiento", afirma el juez, "ya he vuelto a advertir por tercera vez que terminaré el expediente". "Y para el juzgado" concluye, "se acabaron los problemas".
El interventor de los cooperativistas, Tomás Arrieta, considera que el juez Enrech "ha hecho lo más digno que he visto en todo el caso PSV", y advierte que si se produce el levantamiento de la suspensión de pagos "queda abierta la puerta a la quiebra.
Problemas
El magistrado considera necesaria la intervención administrativa para que puedan funcionar los órganos gestores y se normalice la situación. Según afirma, la suspensión de pagos de PSV está llena de problemas.
"La admití", asegura, "por un sentido ético, creyendo que protegía mejor los intereses de los afectados y, en definitiva, la paz y el interés social. Pero es que todo son inconvenientes: los presuntos créditos no se sabe si lo son; se habla de suspensión de pagos y no sólo la sociedad es incorpórea, sino que pagos, pagos, no hay nada más que los que su propia existencia y dinámica generan".
La "exposición" del estado de PSV hecha al Ministerio de Trabajo por el juez, quien se resiste a admitir estar pidiendo o exigiendo algo al Ejecutivo, ha sido un revulsivo para las partes implicadas en la crisis de la cooperativa. Ayer, el director general de la Vivienda, Borja Carreras, miembro de la comisión interministerial que tutela el proceso de escisión de PSV, aseguró que la situación por la que atraviesa la cooperativa hace precisa la adopción de medidas de forma "urgente". La comisión, según Carreras, ya ha estudiado la hipótesis de la intervención, que corresponde decidir al Gobierno. Por otra parte, el PP anunció ayer que si el Gobierno interviene solicitará una comisión parlamentaria que investigue qué ha ocurrido en PSV y controle su saneamiento".
También hubo declaraciones del ex responsable de IGS-PSV, Carlos Sotos, quien en un programa de radio, defendió su actuación en la cooperativa y aseguró que el dinero de los cooperativistas está invertido "en suelo y ladrillos".
