El Supremo rechaza las alegaciones del Estado a favor de la elección del fiscal

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en pleno, integrada por 30 magistrados, acordó ayer continuar adelante con la demanda presentada por asociaciones de jueces y fiscales contra el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general del Estado. En su reunión plenaria, la Sala Tercera desestimó las alegaciones de la Abogacía del Estado sobre cuestiones formales de procedimiento y acordó entrar a conocer del fondo del asunto: la legalidad del nombramiento. Al pleno asistieron 30 de los 33 integrantes de la Sala de lo Contencioso -los tres ausentes se encontraban de baja por enfermedad-, y la votación no registró votos particulares.El nombramiento de Hernández fue recurrido por la Asociación Profesional de la Magistratura, de implantación mayoritaria y a la que están afiliados unos 800 jueces; la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal, y la Unión Judicial Independiente. Estas tres asociaciones impugnaron el nombramiento de Hernández por entender que no cuenta con los 15 años de ejercicio efectivo como jurista que se requieren para poder ser designado fiscal general del Estado. Al nombrar a Eligio Hernández, el Gobierno computó dentro de esos 15 años los casi ocho que estuvo al frente de la Delegación del Gobierno en Canarias, un cargo de Interior, entre julio de 1984 y abril de 1992.