El primer ministro británico asegura que nadie le informó de la venta secreta de armas a Irak

John Major se convirtió ayer en el primer jefe de Gobierno del Reino Unido obligado a declarar ante una comisión investigadora. Major compareció ante la llamada comisión Scott, que él mismo estableció hace meses para esclarecer el escándalo de la venta se creta de armas a Irak. Afirmó no saber nada e, implícitamente, admitió que sus subordinados más directos le habían puenteado y ocultado información.El escándalo conocido como Irakgate estalló el año pasado, al descubrirse que el Gobierno británico había modificado secretamente, en diciembre de 1988, sus propias reglas sobre exportación de armas y, sin notificarlo al Parlamento, había proporcionado material bélico al régimen de Sadam Husein. Major fue secretario del Tesoro hasta julio de 1989 y ministro de Asuntos Exteriores a partir de esa fecha.. En ambos puestos tenía que haber sido informado de que Irak recibía armas británicas, especialmente como jefe del Foreign Office.

El juez Scott interrogó al primer ministro sobre una carta muy significativa. En febrero de 1992, ya como jefe del Gobierno, Major remitió una carta a un diputado laborista en la que afirmaba que "las restricciones sobre la venta de armas a Irak permanecieron en vigor hasta 1990", cuando fueron endurecidas por la invasión de Kuwait y el embargo internacional contra el régimen de Sadam Husein. El juez Scott mostró ayer a Major un borrador de esa carta, en el que había un inciso tachado posteriormente. La frase completa era "permanecieron en vigor, con modificaciones menores, hasta 1990".

Major afirmó desconocer la diferencia entre borrador y original, y, ante el visible desaliento del juez, se declaró incapaz de identificar al autor de la tachadura. El primer ministro insistió en que nunca supo nada y en que no recordaba quién le redactó la carta en cuestión.

El Irakgate, sobre el que ya han declarado la ex primera ministra Margaret Thatcher y varios ministros, podría acabar convirtiéndose en un problema grave -uno más- para John Major.

Dos pesos pesados de su Gobierno, el canciller Kenneth Clarke (considerado el más probable sucesor en caso de renuncia de Major) y el ministro de Industria, Michael Heseltine, se han comprometido públicamen-. te a dimitir si en las conclusiones de la comisión Scott se les atribuye finalmente algún tipo de culpabilidad.