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Los cooperativistas de PSV cortan la M-30

Los cooperativistas de PSV en Valdebernardo no están dispuesto a pasar inadvertidos ni un solo día. Ayer, tras una asamblea multitudinaria, se lanzaron a la calle y cortaron durante 45 minutos el paseo de Extremadura y la M-30.Un fuerte despliegue policial vigiló a los manifestantes -alrededor de 300-, aunque no intervino en ningún momento pese al descomunal atasco de tráfico que provocaron durante la hora larga que duró la protesta. Atrapados entre miles de vehículos, los cooperativistas reclamaron a UGT la construcción de las viviendas por las que han desembolsado una media de cinco millones de pesetas. Portaban un estandarte en el que se leía: "Vivienda ya", y coreaban su habitual lema: "UGT: unión general de timadores".

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A pesar de la escolta policial, los manifestantes cortaron la carretera frenando peligrosamente a los vehículos. En 15 minutos la caravana alcanzó los 12 kilómetros en ambas direcciones de la M-30. Las retenciones también afectaron a todas las carreteras nacionales.

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La policía intentó en vano convencer a los manifestantes para que abandonaran el firme. Al final, los agentes acabaron convenciendo a los automovilistas para que no tocasen tanto el claxon. Alguno de ellos, en voz baja, comentaba a los cooperativistas: "Tenéis más razón que un santo". A las tres de la tarde los manifestantes dejaron libre la calzada. Mientras se alejaban, un conductor comentó en tono moralizante a un afectado: "Tranquilo, prefiero un atasco largo a ser cooperativista de UGT".

En la asamblea que celebraron ayer, a la que asistieron unos 2.000 afectados, los cooperativistas anunciaron su intención de presentar una querella el próximo lunes contra el anterior equipo gestor de PSV, incluido su ex presidente Carlos Sotos, por apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercan til. Los cooperativistas han acudido a Joaquín Ruiz-Giménez para que tramite la denuncia. Ruiz-Giménez no descarta ampliar en un futuro la querella para dirigirla también contra los dirigentes de UGT, la Comunidad de Madrid y el Ivima.

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