Dirigentes socialistas belgas, acusados de corrupción

Varias comisiones parlamentarias están estudiando las peticiones de levantamiento de la inmunidad de tres destacados políticos socialistas belgas, todos ellos francófonos, acusados de corrupción por la juez de Lieja Veronique Ancia. El vicepresidente del Gobierno central, Guy Coëme; el presidente de la región de Valonia, Guy Spitaels, y el ministro de la misma región, Guy Mathot -los tres Guy, según la prensa belga-, han sido acusados de corrupción en la compra en 1988 de una partida de 46 helicópteros italianos de la marca Agusta para el Ejército belga.

La compra, por valor de 12.000 millones de francos belgas (48.000 millones en pesetas de hoy), entraba en competencia con el helicóptero alemán BK117, fabricado por Messerschmidt-Bolkow-Blohm, y con el Ecureil francés, fabricado por Aérospatiale.Mathot aparece como sospechoso de conectar los directivos de Agusta con Coëme, entonces ministro de - Defensa, y de haber recibido una sustanciosa comisión. Spitaels, entonces presidente del partido socialista, es el responsable máximo en la medida en que los jefes de las agrupaciones políticas son en Bélgica quienes toman las decisiones más importantes de unos Gobiernos de coalición integrados, como mínimo, por cuatro fuerzas.

Sobre Coëme pesa la acusación de falsificar el informe militar elaborado sobre la compra de los helicópteros.

En resumen, la juez tiene la sospecha de que el Partido Socialista ha cobrado comisiones, que alguno de los intermediarios puede haberse lucrado personalmente, que la atribución del contrato se ha realizado de forma injusta y que se ha cometido falsificación de escrituras públicas. Estas graves acusaciones se fundamentan, entre otras cosas, en el testimonio de otro político socialista, el ex vicepresidente del Gobierno y ahora alcalde de un distrito de la capital, Philippe Moureaux, quien ha llegado a vincular el caso con el asesinato de André Cools.

Dos balazos en la cabeza

Cools había sido presidente del Partido Socialista francófono y vicepresidente del Gobierno de Bélgica y fue liquidado de dos balazos en la cabeza en un aparcamiento el 18 de julio de 1991, sin que nadie haya podido, hasta ahora, esclarecer la autoría y responsabilidad del crimen. El político asesinado tenía sospechas de desvío de dinero a propósito de la venta de los aparatos y quería derrocar a Spitaels y poner en su lugar a Moureaux, según asegura el informe de la juez. La magistrada ha citado a declarar a Mauro Giallombardo, ex secretario del líder del PS italiano, Bettino Craxi, que mantuvo contactos con Spitaels.El caso de los tres Guy evidencia las divisiones internas del Partido Socialista (PS), pero puede llegar a poner en peligro la propia estabilidad del Gobierno de coalición, en el que se sientan socialistas francófonos (PS) y flamencos (SP), y democratacristianos francófonos (PSC) y flamencos (CVP). Los democristianos de ambas comunidades, así como los liberales y los nacionalistas lamencos son partidarios del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, y sólo los socialistas francófonos se oponen abiertamente, a pesar de sus divisiones internas.

El escándalo ha dado también pie a que se expresen las tensiones entre las dos comunidades. La prensa flamenca exige levantamiento de la inmunidad y la dimisión el vicepresidente Guy Coëme y aprovecha las acusaciones para comparar la parte francófona de Bélgica con la Italia de la tangentópolis. La negativa socialista a levantar la inmunidad sobre "los tres Guy" "choca con las concepciones de los parlamentarios y los ciudadanos flamencos", asegura el diario De Standaard.

La prensa francófona, en cambio, considera que los partidarios de separar Bélgica en dos intentan aprovechar el escándalo para argumentar en favor de la independencia de Flandes. La publicación por los medios de comunicación flamencos del informe secreto realizado por la juez ha contribuido a alimentar esta sospecha en medios francófonos, que denuncian la politización del caso Agusta.

La inmunidad parlamentaria de Mathot y Spitaels era ayer objeto de discusión de una comisión del Senado, al que pertenecen ambos políticos, y será discutida más tarde en los consejos regional valón y de la comunidad francesa. Si este último no diera su consentimiento, en contradicción con la Cámara Alta -en la que tienen mayoría los flamencos-, se podría producir un enfrentamiento comunitario de consecuencias imprevisibles, pues la opinión flamenca interpretaría que los valones sustraen a sus políticos de la acción de la Justicia y se produciría de hecho un enfrentamiento entre dos legitimidades.

El caso de Coëme, en cambio, debe ser analizado por una comisión especial de la Cámara de Representantes (diputados), que deberá decidir si es inculpado ante las dos Cámaras reunidas como Corte de Casación, única habilitada para juzgar a un ministro en activo del Gobierno de Bélgica.