"Una llamada de socorro"
El llamamiento efectuado ayer por Nicolás Redondo al Gobierno, al Banco de España, a las comunidades autónomas y a las entidades financieras para que "dentro de sus facultades" ayuden a recuperar la confianza en el proyecto de viviendas del sindicato, fue calificado de llamada de socorro" por el interventor-representante de los cooperativistas de PSV, Tomás Arrieta.En su opinión, la conferencia de prensa del secretario general de UGT no aportó nada nuevo. Para ArRieta, como para algunos representantes destacados de asociaciones de cooperativistas de Madrid, las explicaciones de Redondo sobre el desconocimiento por el sindicato de la situación real de IGS-PSV hasta el pasado verano, no son creíbles, dada la presencia en el consejo rector de PSV hasta esa fecha de destacados militantes como Manuel Gamacho, José Luis Daza o Paulino Barrabés.
Según manifestó Arrieta a Antena 3 de Radio "con el consejo rector de PSV ha sido imposible dialogar, nunca han suministrado información al interventor y nunca han posibilitado el poder conocer la situación real patrimonial de la cooperativa".
El interventor de la cooperativa desde el pasado 10 de julio, junto con varios representantes de asociaciones de socios de PSV, mantuvo ayer una reunión con parte de la comisión interministerial encargada de tutelar el proceso de escisión de la cooperativa en unidades más pequeñas. Por parte de la Administración, asistieron el director general de la Vivienda, Borja Carreras y el director general del Instituto de Fomento de la Economía Social (INFES), Juan José Barrera.
Confusión contable
En la reunión, según fuentes de los asistentes, los miembros de la comisión explicaron a los cooperativistas que aún carecen de datos económicos ciertos sobre la situación real de la cooperativa PSV, aludieron a la confusión contable en la que estaba sumido el grupo IGS-PSV y mencionaron la existencia de posibles enredos por la titularidad de los terrenos, algunos de los cuales son propiedad de la gestora IGS y no de la cooperativa.Las mismas fuentes explican que, según los representantes de la Administración, las bajas en la cooperativa de vivienda, acompañadas de la correspondiente solicitud de devolución de lo pagado pueden suponer unos 4.000 millones de pesetas.
Por otra parte, otras dos asociaciones de cooperativistas, El Espinillo y Valdebernardo, ambas de Madrid, han anunciado nuevas querellas contra los res ponsables de la crisis de PSV, en cabezados por el ex concejal Carlos Sotos.
Sobre la querella presentada por un grupo de cooperativistas de Badalona contra el máximo responsable de UGT, admitida a trámite la pasada semana, el propio Redondo aseguró ayer, en el transcurso de la conferencia de prensa que "con los datos que tenemos, y a la espera de que se inicien las diligencias, pensamos que el sindicato está a salvo de cualquier responsabilidad penal".
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