Redondo sólo admite que pecó de ingenuidad en PSV y responsabiliza a los antiguos gestores

"Hemos sido excesivamente ingenuos al haber vinculado tan estrechamente nuestras siglas y nuestra imagen a un proyecto gestionado por un grupo externo". La ingenuidad fue el principal y casi único error que reconoció ayer el secretario general de UGT, Nicolás Redondo, en su primera comparecencia pública para explicar la crisis de PSV. Redondo cargó la responsabilidad de lo sucedido en la cooperativa a sus antiguos responsables Por su parte, IGS de Mercado Hipotecario iniciará hoy la devolución de los saldos depositados en las cuentas ahorro vivienda de la sociedad.

La cuantía de los saldos existentes en IGS de Mercado Hipotecario, intervenida en diciembre por el Banco de España, se eleva a unos 16.000 millones de pesetas. Las devoluciones, que se realizarán mediante transferencia bancaria, no afectan a las cantidades pagadas por los pisos.En la conferencia de prensa, Redondo explicó que los créditos del ICO -9.200 millones de pesetas- que permitieron evitar in extremis la quiebra de IGS-PSV fueron negociados directamente con el presidente y el vicepresidente del Gobierno, Felipe González y Narcís Serra respectivamente, el pasado día 22 de diciembre.

Avance de datos

Sin datos "completos y sistemáticos" y a la espera de que concluya la auditoría de Arthur Andersen sobre el grupo, el sindicato ofreció también ayer un avance de los datos económicos fundamentales del proyecto. El valor de las existencias de IGS se sitúa en 61.000 millones de pesetas.Por otra parte, los cooperativistas (13.459 con vivienda adjudicada) han aportado 45.993 millones. El proyecto contaba con créditos hipotecarios concedidos por valor de 13.000 millones de los que sólo se han podido utilizar 5.000 millones de pesetas. Las necesidades crediticias globales para construir los más de 14.000 pisos comprometidos se sitúan en unos 80.000 millones de pesetas.

La comparecencia de Nicolás Redondo, leída en su mayor parte, se convirtió en una autocrítica muy medida: "UGT reconoce que en IGS-PSV ha habido mala gestión y senos errores".

Pero los pecados de UGT, en opinión de Redondo, se limitan a dos. El primero, vincular estrechamente las siglas y la imagen a un proyecto gestionado por un grupo externo "sin articular mecanismos de control más allá de los que ofrecen las sociedades a los accionistas minoritarios (UGT, hasta junio, poseía el 47% de las acciones de IGS)". El segundo, depositar "toda la confianza en el equipo gestor [encabezado por Carlos Sotos] sin un seguimiento puntual de la gestión, que tan sólo cuando la situación estaba muy deteriorada hemos conocido". Destacó que UGT era minoritaria, con el 47%, en el proyecto.

La responsabilidad del antiguo equipo gestor encabezado por Carlos Sotos, según aseguró Redondo, es más amplia. A ellos, según Nicolás Redondo, se deben la mala gestión, las decisiones arriesgadas y poco previsoras, el rápido sobredimensionamiento del proyecto y una excesiva centralización que impedía su correcto desarrollo.

A Sotos y su equipo, el sindicato, a través de Redondo achaca "decisiones erróneas en operaciones inmobiliarias importantes y arriesgadas". Estas operaciones habrían comprometido cerca de 2.000 millones de pesetas en la escultura denominada La Esfera Armilar (Madrid); 3.000 millones en el complejo turístico de Calviá (Mallorca) y 2.000 millones en la compra de terrenos en Valencia. UGT esperará a disponer de la auditoría de Arthur Andersen para estudiar si exige responsabilidades a Sotos y su equipo.

Bloqueo de créditos

Además de la mala gestión, el dirigente ugetista achacó la crisis de PSV y la "situación de angustia" de sus 20.000 cooperativistas al bloqueo de los créditos por parte de la banca, a la coyuntura económica y a quienes se oponen "a un proyecto que afecta a los intereses del sector inmobiliario".Tanto Nicolás Redondo, como los secretarios de organización y administración de UGT, Antón Saracíbar y Sebastián Reyna, recalcaron que el sindicato "ha hecho todo lo económicamente posible" para sostener PSV, más allá incluso "de lo exigible legalmente", señalaron.

Los sindicalistas reiteraron que PSV precisa del apoyo del Gobierno, cuyas exigencias, en su opinión, "se han cumplido por completo".