El Ayuntamiento de Alcalá tendrá que pagar 200 millones de pesetas por un acuerdo ilegal del PP e IU

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares (164.000 habitantes) tendrá que pagar con el dinero de todos los vecinos cerca de doscientos millones de pesetas a la Cooperativa Juan XXIII, por anular la construcción de un aparcamiento subterráneo. José Antonio López Piquet, abogado de los afectados, afirma que el acuerdo municipal es nulo, tras a sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado 25 de noviembre, que lo declara nulo "por no ajustarse a derecho". La Corporación ratificó la decisión en un Pleno, con los 14 votos de los concejales de a oposición (Izquierda Unida y Partido Popular), que se negaron a que la cooperativa siguiera construvendo el aparcamiento. Alegaban que las obras carecían de garantías mínimas de seguridad. Los 13 ediles del equipo de gobierno socialista (en minoría) votaron en contra al creer que podría acarrear graves perjuicios a la Administración Local. El alcalde de Alcalá, Florencio Campos, aseguró en ese Pleno: "Nosotros, como votamos en contra, no nos hacemos responsables de las consecuencias que se deriven de ese acto. Ésa será sólo la responsabilidad de los partidos que voten afirmativamente", según recoge el acta de la sesión, celebrada el 19 de noviembre de 1991.El concejal de Urbanismo de Alcalá, el socialista Crescencio Vicente Abad, anunció ayer que la Corporación recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo y no indemnizara aún a los cooperativistas.