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Primer acuerdo parlamentario entre el PSOE y el PP

Las comisiones de investigación no podrán actuar cuando intervengan los tribunales

Anabel Díez

El Gobierno, el PSOE y el Partido Popular (PP) acercaron ayer posiciones y sellaron en el Congreso un acuerdo sobre la creación de comisiones de investigación, un conflictivo asunto que envenena la relación entre los dos principales partidos desde hace años. Lo más destacable es que la apertura de una investigación judicial impedirá la creación de una comisión u obligará a suspender sus trabajos. Hasta ahora, los principales escándalos, como los de Filesa, Renfe o Juan Guerra, han estado o están en los tribunales. El acuerdo sobre las comisiones forma parte de otro más amplio, sobre la reforma del Reglamento del Congreso, es decir, las normas que rigen la vida parlamentaria, entre ellas una mayor frecuencia de comparecencia del presidente del Gobierno.

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Los populares consiguieron que a petición de 70 diputados se pueda formar una comisión de investigación siempre y cuando no lo vete la mayoría absoluta (176 diputados). La limitación está en que los firmantes no podrán estampar su rúbrica nada más que una vez por periodo de sesiones, es decir, dos veces al año. Portavoces de los socialistas y los populares reconocieron por separado que con este acuerdo hay satisfacción para todos.El PP se da por satisfecho porque el Gobierno y el PSOE han tenido que ceder en algunas de sus posiciones iniciales sobre la reforma del reglamento, "necesitado como está de acabar el año con algo concreto que presentar, ya que empezó la legislatura anunciando su voluntad de acuerdo y diálogo".

Los socialistas interpretan que el PP ha dejado de apretar el acelerador en algunas cuestiones porque "se creen próximos a alcanzar el Gobierno de la nación y no quieren que cuando llegue ese momento se les aplique excesivas normas de control".

La actitud que han mostrado los representantes del PSOE y del PP ha variado notablemente en tan sólo una semana. El secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, flanqueado por el portavoz parlamentario, Rodrigo Rato, y el vicesecretario general, Mariano Rajoy, anunció incluso con cierto tono de solemnidad su "satisfacción al anunciar el amplio acuerdo de principios sobre el reglamento".

Minutos después, el mismo tono fue utilizado por el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, acompañado del presidente del Grupo Socialista, Carlos Solchaga, y el secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas. Estos dirigentes resaltaron, siempre por separado, el acuerdo sobre el asunto más peliagudo, que es la creación de comisiones de investigación.

Una vez que se tramite por medio de una proposición de ley a la que aspiran que se unan todos los grupos, la cuestión quedará de la siguiente forma: habrá dos procedimientos, uno, el que rige actualmente en el Reglamento del Congreso, es decir, que la mayoría del Pleno decide su constitución o no.

La segunda fórmula, a propuesta del PP, se basa en que se creará una comisión de estas características cuando lo pida un quinto de los miembros de la Cámara (70 diputados), con la limitación de que cada diputado sólo podrá firmar esta petición una vez por cada periodo de sesiones. Con ello se obstaculiza la utilización abusiva de este sistema, habida cuenta de la dificultad -en la práctica, la imposibilidad- de que no se repita la firma de ninguno de los 70 diputados. En este supuesto, para rechazar la petición será necesaria la mayoría absoluta del Pleno, es decir, 176 diputados.

En ambas situaciones hay un aspecto muy relevante: las comisiones de investigación no podrán crearse si la materia de la que se quiere tratar está sub júdice (bajo investigación judicial). Además, si se creara antes de que los tribunales entren en juego, la comisión parlamentaria quedará suspendida.

Comparecencias del presidente

Los populares han conseguido otro de sus principales objetivos, que supone una novedad incluso para sus posiciones habituales y que hace referencia a la obligación del presidente del Gobierno de comparecer obligatoriamente ante las cámaras con cierta periodicidad.Los socialistas llevaban proponiendo desde hace semanas que en el nuevo Reglamento del Congreso quedara especificado que el jefe del Ejecutivo comparecerá semanalmente durante 15 minutos para responder a las preguntas de los parlamentarios, aunque con la salvedad de que los interpelantes fueran portavoces de los distintos grupos o altos cargos de los mismos.

Para sorpresa del PSOE, el PP se ha negado a que ello figure en el Reglamento, y lo acordado finalmente es un pacto de caballeros, según el cual el presidente del Gobierno comparecerá con cierta frecuencia por acuerdo de la Junta de Portavoces.

Rodrigo Rato puso como ejemplo las comparecencias de González en la Cámara después de cada cumbre europea o los debates del estado de la nación, usos parlamentarios instaurados por el PSOE cuando llegó al Gobierno, pero que no figuran en ninguna norma escrita.

Temor del PP

Fuentes socialistas interpretan que la negativa del PP a regular por escrito las comparecencias del presidente del Gobierno se debe al temor a que en un futuro próximo sea José María Aznar y no Felipe González quien se vea obligado a pasar "el trance" parlamentario cada semana. Aznar consideró ayer conveniente la celebración de nuevas conversaciones con González para propiciar nuevos acuerdos.Estas cuestiones, además de la creación de una oficina presupuestaria para controlar la evo lución de los presupuestos cada ano, y otros asuntos relativos a la agilización de iniciativas con sumieron la mayor parte de la reunión de estas dos fuerzas políticas. Han quedado para enero otras cuestiones que forman par te del impulso democrático. También queda para el nuevo año la discusión sobre quién ocupará el cargo de Defensor del Pueblo, así como la provisión de las va cantes del Consejo General del Poder Judicial. Las conversaciones sobre estos mismos asuntos con Izquierda Unida se reanuda rán, a iniciativa del Gobierno, el próximo lunes.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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