Una definición que provoca desconfianza

A finales del pasado mes de septiembre, la noticia cogió por sorpresa a la opinión pública. Las autoridades sanitarias anunciaron en el contexto de una reunión del Consejo Interterritorial su intención de "definir" las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social. Se trata de un antiguo proyecto, sólo agilizado ahora por el fantasma de la crisis económica que planea sobre el hasta hoy ilimitado Estado de Bienestar.El sistema sanitario español no tiene catalogados los servicios que presta, ni asistenciales, ni farmacológicos. Al estar la medicina sujeta a continuos avances técnicos y de conocimiento biológico, una sociedad desarrollada como la española los incorpora inmediatamente a medida que se van produciendo. La propia industria y la publicidad ejercen una importante presión en la incorporación de las nuevas tecnologías.

Esta circunstancia ha favorecido una situación de desigualdad en el territorio español, ya que mientras algunos centros cuentan con los más sofisticados sistemas de diagnóstico, otras áreas menos favorecidas carecen de los recursos asistenciales indispensables.

Los profesionales de la sanidad se han mostrado favorables a la definición de las prestaciones, a la elaboración del citado catálogo, si bien no han ocultado la dificultad que, a su juicio, entraña: ¿Quien va a valorar la eficacia clínica de una técnica? o ¿dónde está el límite entre la cirugía estética y la reparadora?, son algunos de los ejemplos que vienen planteando.

Recortes

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad no ha podido evitar que su intento de definir los servicios asistenciales, algo que ha planteado de partida la propia Hillary Clinton en su reforma sanitaria, sea interpretado con mucho recelo por parte de los ciudadanos.

Los recortes en otras áreas sociales son ya un hecho y los medicamentos que hasta el mes de junio eran ilimitados para los españoles hoy están sometidos a un estrecho control, que ya ha dejado fuera de la financiación pública 800 especialidades.

También están cercanos en la memoria de los españoles algunos argumentos del Informe Abril. Algunos de ellos propugnaban una mayor participación de los ciudadanos en los costes de su asistencia sanitaria, el famoso ticket moderador, que ya funciona en otros países europeos.

La necesidad de evaluar las nuevas tecnologías y su uso racional mediante protocolos médicos claros fue otra de las recomendaciones del documento, que no ha caído en saco roto para la Administración.