Recursos educativos
EL NUEVO retraso en la entrada en vigor de la reforma educativa, comunicado ayer tras el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas con plenas competencias en la materia, es un síntoma de las debilidades de nuestro inconcluso y ya en crisis Estado de bienestar. Pero constituye también un indicio de la relativa incoherencia de los criterios de asignación de recursos en el actual sistema de prioridades.Se trata de la segunda modificación respecto al calendario previsto a raíz de la aprobación, en abril de 1990, de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Los motivos son en principio organizativos, pero diversos sectores educativos consideran que las dificultades de ajuste detectadas son a su vez consecuencia de los recortes presupuestarios de los últimos años. Desde algunos sectores se ha argumentado que el atraso en su aplicación no era grave y que, de todas formas, era lógico que las dificultades del momento económico, y sobre todo el preocupante crecimiento del déficit público, se reflejasen en una moderación del gasto educativo, como ya ha ocurrido en otros capítulos del gasto social. Es un punto de vista discutible.
De entrada, no son pocos los expertos que consideran que es precisamente en las fases recesivas cuando las prioridades en la asignación de recursos deben favorecer aquellas actividades, como la educación o la investigación, que más influyen en la mejora de la competitividad. Pero es que además, el gasto en educación ha sido en España, comparativamente, bastante inferior al de los principales países europeos, lo que obliga a un esfuerzo más que proporcional en ese capítulo presupuestario para superar unos retrasos manifiestos.
En 1980, los gastos en educación suponían en España el 8,4% del gasto total de las Administraciones públicas, porcentaje idéntico al de 1965. En el mismo año, los porcentajes respectivos eran del 14% en Francia, del 12,6% en el Reino Unido, el 13,3% en Italia y el 16 % en Alemania. Es cierto que en la década de los ochenta el gasto educativo ha crecido en España proporcionalmente más que el resto del gasto social: un 6,86%, frente al 5,51%. Pero esa tendencia se ha detenido en los últimos años, y el 4% sobre el PIB que se adjudica a la educación sigue estando a dos puntos de la media comunitaria.
Algo de razón tienen, entonces, quienes sostienen que no es coherente defender una reasignación de recursos del terreno asistencial al productivo y no considerar a la educación como lo que es: la principal inversión productiva que puede hacer un país en periodos de crisis.
